La parálisis del Partido Popular ante los casos de corrupción que le afectan es un hecho evidente, pero la intervención de su secretaria general este lunes para hablar de estos asuntos fue una exhibición de inoperancia de tal calibre que obliga a dudar si estamos ante partido y un Gobierno que ya se han rendido a las circunstancias o si, por el contrario, asistimos a una demostración de soberbia política sin precedentes.
María Dolores de Cospedal no puede saldar semejante crisis, con una catarata de escándalos y un desfile de corruptos por los telediarios y los juzgados como en los peores tiempos del felipismo, afirmando tranquilamente que su partido "ha hecho lo que podía hacer". Más aún, la secretaria general del PP considera que su partido no tiene por qué realizar ningún cambio interno, puesto que con suspender de militancia a los imputados y "tomar todas las medidas necesarias", que nadie salvo ella ha visto, es más que suficiente.
Parecía imposible, pero Rajoy ha cedido a Pedro Sánchez la iniciativa en la lucha contra la corrupción, lo que no está mal, tratándose del secretario general del PSOE, el partido más corrupto en términos históricos y que, todavía hoy, sigue enfangado en todo tipo de latrocinios, como acredita sobradamente su demarcación andaluza. Sánchez, al frente del partido que decretó la defunción de Montesquieu, asegura ahora que acabará con la partitocracia en la Justicia, pero la falta de agallas (o el exceso de altivez) de Rajoy para atacar de lleno el problema de la corrupción política es tan acusado que hasta el líder socialista suena creíble a su lado.
Como suele ocurrir, Esperanza Aguirre es la única dirigente popular consciente de la gravedad del problema y con la inteligencia y la voluntad política necesarias para hacerle frente con todas sus consecuencias. Sus medidas de choque para combatir la corrupción, entre las que sólo se echa en falta la necesaria despolitización del Poder Judicial, es un paso en la buena dirección ante el electorado popular, claramente desencantado tras los últimos escándalos, y el mejor remedio contra el ascenso de los populismos de ultraizquierda, muy presentes en Madrid.
La tesis del consejero áulico del PP, según la cual el ascenso electoral de las fuerzas radicales de izquierda es un espejismo de frikis a los que no conviene prestar atención, puede llevarse por delante las esperanzas de Rajoy de renovar su victoria en las urnas dentro de un año. La estupefacción con la que han recibido en La Moncloa y en la calle Génova el último sondeo del CIS ha debido de ser tan traumatizante que la vicepresidenta, bajo cuya responsabilidad opera el órgano demoscópico del Gobierno, ha decidido retrasar su publicación, mientras se aceleran previsiblemente los trabajos de cocina para que el resultado sea digerible.
En todo caso, las encuestas reflejan la tendencia general de un electorado sobrepasado por los continuos escándalos de corrupción y por la manifiesta incapacidad del Gobierno para liderar una verdadera respuesta que devuelva la credibilidad al sistema, amenazado por la emergencia de fuerzas extremistas dispuestas a dinamitarlo.
