El motín de unos ochenta marroquíes alojados en las naves del Tarajal de Ceuta vuelve a poner de relieve la inquietante inestabilidad y peligrosa situación de la ciudad española. Aunque las relaciones con Marruecos parecen reconducirse a los términos previos a la acogida en España del líder polisario Brahim Ghali, los efectos de las últimas oleadas de inmigrantes comienzan a adquirir dimensiones aún más preocupantes y a las dificultades para la repatriación de los menores se une ahora esta revuelta, causada por el confinamiento a causa de un brote de coronavirus.
Dos factores de riesgo confluyen sobre Ceuta. En primer lugar, la permanente actividad de Rabat a favor de la inestabilidad en la ciudad española y, en segundo, la incapacidad de nuestro Gobierno para sustentar una acción que disuada a las autoridades marroquíes y a quienes pretenden convertir la plaza en una especie de trampolín hacia Europa. Los discursos de relevantes miembros del Ejecutivo y las facilidades para dar el salto son demasiado tentadores tanto para las mafias como para Rabat, que no ceja en su reivindicación sobre Ceuta, Melilla y hasta las islas Canarias.
El Gobierno no puede ni debe cerrar la última crisis en falso, porque no haría sino abonar el próximo desencuentro y dar munición a Rabat para que sea aún más importante que el que parece en vías de resolución. La gestión de la presencia en Ceuta de considerables contingentes de inmigrantes a la espera de un destino debe fundamentarse en una severidad que haga entender tanto a Marruecos como a quienes intentan a la desesperada llegar a Europa que ese no es el camino, que es una casilla de vuelta.
El intento de repatriación de los menores con los que Marruecos bombardeó España el pasado mayo ha puesto de relieve la dramática inoperancia del Ministerio del Interior, que no se dejó ningún error por cometer en un operativo incompleto y varado ahora en una suerte de limbo judicial. Es la punta del iceberg de la incompetencia y la desidia de nuestro Gobierno en lo que atañe a Ceuta y Melilla y a las relaciones con Rabat. Es urgente un cambio de rumbo. Son demasiados años ya de tensión y sufrimiento en ambas ciudades españolas como para mantener la política hacia Marruecos exactamente en los mismos términos que en los últimos años. También es urgente que desde el Gobierno se entienda que Ceuta y Melilla merecen una atención especial y no solo buenas palabras en materia de inmigración.