No se sabe a qué recurrirán los defensores legales, institucionales y mediáticos de la infanta Cristina para denigrar el auto del juez Castro por el que la hija del Rey ha sido citada el próximo día 8 de marzo para declarar como imputada por un presunto blanqueo de capitales y un presunto delito fiscal relacionado con su condición de partícipe al 50 por ciento de la entidad mercantil Aizoon S.L. Lo que es seguro es que ya no podrán argüir una supuesta "falta de motivación", como arteramente adujeron la primera vez que Castro imputó a la Duquesa de Palma.
Y es que la nueva resolución, lejos los dos o tres folios habituales, constituye un exhaustivo y extenso compendio de 227 folios en el que se describe la participación de Doña Cristina en la trama del Instituto Nóos, que refuta por completo la ya de por sí inverosímil tesis de que la infanta desconocía cuanto acontecía a su alrededor y no era consciente de las irregularidades que perpetraba. Por contra, el juez dibuja un fresco detallado en el que Doña Cristina aparece inicialmente como una defraudadora a pequeña escala, pagando con dinero negro al personal de servicio de su casa, para luego acabar urdiendo junto a su marido un complejo sistema a fin de desviar los fondos públicos del Instituto Nóos y obsesionada siempre con pagar el mínimo posible de impuestos. Así, Castro subraya cómo la firma de la hija del Rey aparecía en todas partes, ya fuese en el contrato de autoalquiler ficticio de su palacete o en la compraventa, no menos ficticia, de acciones de la promotora Mixta África. O que no pareciera tener el mínimo escrúpulo en librar periódicamente facturas personales para sacar el dinero de la caja con el que costeaba su alto nivel de vida.
Aunque el Gobierno haya guardado esta vez un silencio sepulcral ante la nueva imputación, lo cierto es que en el auto del juez Castro no solo sale mal parada la Infanta, sino dos organismos directamente dependientes del propio Ejecutivo: la Fiscalía y la Agencia Tributaria.
Resultaba evidente que la oposición de la Fiscalía a la imputación de la Infanta, a pesar de los numerosos y clamorosos indicios que la sostenían, sólo era explicable por un burdo y contraproducente intento de las más altas instancias de tratar de evitar lo inevitable. Y es que, como ya alegara el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, cualquier mujer española en esas circunstancias "habría sido imputada desde el primer día".
No menos confirmadas resultan en el auto del juez Castro las críticas que hiciera el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) respecto del tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y de sus socios. Como también subraya ahora el juez, la complicidad con la infanta de la Agencia Tributaria ha llegado al extremo de variar ésta su criterio expuesto en numerosos informes y dar por buenas facturas que anteriormente había considerado falsas, todo con el objetivo de librar a Doña Cristina de un delito fiscal.
No parece que la Fiscalía Anticorrupción, después del bochornoso papelón que ha desempeñado en este asunto, solicite la apertura de diligencias para determinar hipotéticas "responsabilidades penales" del juez Castro, como sí vergonzosamente hizo recientemente contra el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, por cuestionar de la misma forma que lo hace ahora el juez instructor el proceder de los inspectores de la Agencia Tributaria encargados de analizar las operaciones económicas de Aizoon.
Lo que resulta evidente es que todos los intentos por evitar lo inevitable y no afrontar la realidad tal y como es sólo se han traducido en un grave perjuicio para la Corona. Y eso ha ocurrido tanto cuando se ha querido hacer pasar a un rey viejo y enfermo como un cincuentón en buena forma, como cuando se ha querido presentar como compatible con la igualdad de todos ante la ley la no imputación de una infanta que debía haber sido imputada hace ya mucho tiempo.