Tiempo habrá de analizar detenidamente el contenido de la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que se ha acordado la exhumación de los restos de Francisco Franco. A la espera de que se hagan públicos, habrá que recordar que la ley es muy clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación –salvo que concurran razones sanitarias excepcionales que, desde luego, no se dan en este caso– y que la familia del dictador no ha podido ser más clara al pronunciarse en contra de cualquier exhumación y de la utilización política que se está haciendo de todo este asunto.
Dado que el sepulcro de Franco se encuentra en un lugar sagrado y, por tanto, inviolable, habrá que estar muy atentos a los argumentos esgrimidos por el Supremo para ignorar los diversos pronunciamientos de la Iglesia Católica en el sentido de que sólo autorizaría la exhumación si así lo solicitara la familia.
Sea como fuere, y argumentos jurídicos aparte, resulta absolutamente deplorable que, con una tremenda crisis económica en ciernes, con un gravísimo bloqueo institucional que ha llevado a la convocatoria de dos elecciones generales en un solo año y con un Cataluña batasunizada en manos de una banda de golpistas, el partido que controla el Gobierno en funciones haga de la exhumación de un dictador fallecido hace casi medio siglo el centro de la atención política.
Teniendo en cuenta que jamás fue intención del vencedor de la Guerra Civil que lo enterraran en el Valle de los Caídos –monumento a la reconciliación donde están enterrados caídos de los dos bandos–, es vergonzosa al tiempo que aparentemente paradójica esta obsesión por desenterrar a quien lleva enterrado más de 40 años en ese lugar por orden del rey Juan Carlos.
La aparente paradoja se resuelve cuando se comprende que el PSOE, partido tremendamente responsable del estallido de la muy buscada por los socialistas Guerra Civil, lo que persigue en realidad no es tanto profanar una tumba o exhumar un cadáver como desenterrar la división entre españoles, alentar el guerracivilismo y reescribir la Historia con manipuladora indecencia para satisfacer sus intereses políticos.
Así, lejos de celebrar la reconciliación nacional, tal y como hizo en 1986 el Gobierno socialista de Felipe González con este comunicado con ocasión del 50 aniversario del estallido de la Guerra Civil, Pedro Sánchez, con el beneplácito de separatistas, golpistas y la extrema izquierda podemarra, está decidido a excitar el odio cainita con la esperanza de sacar tajada electoral. Tan repugnante como suena.
El PSOE, con su pasado criminal, tan responsable del estallido de aquel terrible conflicto, y el revanchismo obsceno y cobarde de un Zapatero y un Sánchez, no tiene legitimidad alguna ni para desenterrar dictadores ni para dar lecciones de democracia a nadie.