El juez instructor del caso Nóos, el escándalo más grave de corrupción de nuestra historia democrática por la condición de los principales implicados –el yerno y la hija del rey Juan Carlos-, decidió ayer que la infanta Cristina tendrá que ser juzgada por la Audiencia de Palma como cualquier otro ciudadano español sorprendido en el mismo tipo de delitos. En el auto con el que finaliza la instrucción y abre paso al juicio oral, el instructor desestima las pretensiones exculpatorias de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y acusa a la infanta de dos delitos de fraude fiscal que podrían acarrear penas de hasta cuatro años de prisión, además de fijar una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,7 millones de euros.
El juez Castro descarta así la posibilidad de que se aplique a la hermana del Rey la llamada "doctrina Botín", que impide a la Justicia actuar cuando la Abogacía del Estado y la Fiscalía no presentan acusación, puesto que, como queda ampliamente justificado en los 150 folios del auto, en este caso se han vulnerado los derechos de todos los contribuyentes como directamente perjudicados por cualquier defraudación fiscal. El magistrado reclama como argumento a su favor las numerosas campañas de la Agencia Tributaria en las que se pone precisamente de relieve ese carácter colectivo del régimen fiscal, resumido en el conocido eslogan "Hacienda somos todos". Pues bien, precisamente porque somos todos, también la hija del Rey ha de someterse al mismo tratamiento que cualquier otro ciudadano, a pesar de que la Agencia Tributaria, que debiera haber sido la principal interesada en perseguir los delitos de Urdangarin y su señora, ha actuado como parte de la defensa de la infanta Cristina para desdoro de sus responsables.
Ahora bien, esta decisión del juez Castro de sentar a la hermana del Rey en el banquillo de los acusados como una ciudadana más no puede celebrarse como una victoria de la Justicia frente a la parcialidad de los órganos estatales encargados de aplicarla. Al contrario, si algo ha quedado claro a lo largo de la instrucción del caso Nóos es precisamente el tratamiento desigual que la Hacienda Pública y, sobre todo, la Fiscalía Anticorrupción, han otorgado a los principales implicados. Los esfuerzos de la Abogacía del Estado y del fiscal Horrach, en orden a salvar a la infanta de su más que previsible imputación, han escrito una de las páginas más negras de la Justicia en España, sometida al capricho de la clase política y objeto de todo tipo de presiones para alcanzar los fines previamente establecidos por los gobernantes.
La famosa reunión en el Palacio de la Zarzuela a finales de febrero de 2012 para crear "un cortafuegos judicial" que evitara la imputación de la infanta, o la convicción de Rajoy, públicamente expresada, de que la hermana del Rey iba a salir bien parada de la instrucción del caso, fueron los prolegómenos de una actuación coordinada entre los representantes del Estado en esta causa para alcanzar ese mismo fin.
Sólo la tenacidad de un juez al que difícilmente se puede presionar dada la proximidad de su jubilación, ha permitido restañar parcialmente el daño que cualquier otra decisión distinta a la adoptada habría producido en la imagen de la Justicia, tan denostada precisamente por los que deberían defender a toda costa su imparcialidad.