Aunque sea verdad que las equivocaciones o los errores en política no tienen por qué ser siempre constitutivos de delito, la inadmisible decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de mantener ocultos los nombres de los integrantes del grupo de expertos que le asesoran en la mal llamada 'desescalada' y de ese otro grupo de especialistas que, según se ha sabido ahora, le orientan en la compra de material sanitario constituye una clamorosa ilegalidad. Así se desprende del artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, que literalmente dice:
Será pública [sic] la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.
Es más, ese anonimato constituye también una flagrante vulneración de la Ley de Trasparencia del año 2013, habida cuenta de que las únicas limitaciones que en ella se establecen al derecho de acceso a la información pública son las que puedan afectar a la defensa, la seguridad pública o los intereses económicos y comerciales de España (art. 14), o cuando se requieran datos personales tales como la "ideología, afiliación sindical, religión o creencias".
Así las cosas, el Gobierno está violando un derecho amparado por la ley al negarse a dar el nombre y la acreditación académica y profesional de los expertos que estarían detrás de la caótica y arbitraria desescalada que tantos agravios comparativos está provocando entre territorios y tanta inseguridad jurídica está causando a comerciantes y empresarios.
En el caso de ese otro grupo de expertos que ilustran al Ejecutivo en la compra de material sanitario, la información que deniegan Sánchez e Iglesias es aun más perentoria, ya que esas compraventas se efectúan por el método de adjudicación de negociado sin publicidad, justificado en que se trata de un procedimiento urgente de compra, adquisiciones que han levantado una gran polémica no sólo porque los precios pagados se encontrasen "muy inflados" o "muy por encima del mercado", sino por el carácter defectuoso de gran parte del material. A este respecto, es obligado recordar que, tal y como ya desveló este diario, Pedro Sánchez y Salvador Illa han sido denunciados –junto al director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso Jiménez– ante la Fiscalía Anticorrupción por malversar supuestamente más de 50 millones de euros durante la crisis del covid-19.
Si a todo lo anterior le sumamos el hecho de que el Gobierno social-comunista ya habría supuestamente vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público al negarse a facilitar copia de los contratos, así como el nombre de los proveedores, parece claro que Sánchez e Iglesias están utilizando a esos anónimos expertos para tapar, bien una clamorosa incompetencia, bien algo mucho más grave, por ejemplo delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
A la espera de que los partidos de la oposición reaccionen ante los tribunales, cada vez parece más claro que el Gobierno ha utilizado el estado de alarma para encubrir algo aún peor que un estado de excepción.