Hace casi dos meses reprochábamos a Rajoy que se reuniera con los representantes de Sociedad Civil Catalana para "mentirles, crearles falsas esperanzas o desvincularse de la ominosa ilegalidad en la que está instalada la inmersión lingüística y la educación pública" en Cataluña. No otra cosa, lamentablemente, eran ya entonces las declaraciones del ministro Méndez de Vigo en las que aseguraba que el Gobierno "garantizará" el derecho de los catalanes a escoger lengua vehicular en la enseñanza, así como las del propio presidente en las que se limitaba a decir que el Gobierno "estudiará la posibilidad" de algo no sólo factible sino de obligado cumplimiento como es la observancia de la Constitución y de las numerosas sentencias que reconocen el derecho de todos los españoles a estudiar en español.
Pues bien, las declaraciones de este miércoles de Méndez de Vigo en las que ha reconocido abiertamente que el Gobierno no va a garantizar el castellano en la preinscripción escolar en Cataluña pondrán fin a las falsas esperanzas que tanto él como Rajoy dieron a los catalanes sojuzgados por el nacionalismo, pero en modo alguno ponen fin a sus mentiras. Y esto es así porque el ministro ha justificado el incumplimiento de su palabra basándose en una falsa imposibilidad jurídica derivada de cosas tales como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que felizmente tumbaba la vergonzosa, fraudulenta y chapucera Ley Wert, o el hecho de que la aplicación del artículo 155 "no permite cambios legislativos".
¿A quién quiere engañar este Gobierno impostor con la silente complicidad de toda la oposición? Que la educación sea una competencia constitucionalmente encomendada a la Administración autonómica no imposibilita al Gobierno de la Nación en su obligación de hacer cumplir la ley y las sentencias en todo el territorio nacional. Que ni el Gobierno ni la Fiscalía General del Estado se hayan atrevido jamás a procesar por desobediencia a cuantos presidentes y consejeros de Educación han venido desobedeciendo las sentencias de los tribunales en materia lingüística no es óbice para señalar esta vía penal sólo como una de las formas con que el Gobierno podría garantizar tan elementales derechos civiles.
El Gobierno de España, al amparo de una aplicación no fraudulenta del artículo 155, siempre podría haber llevado a cabo una intervención –indefinida temporalmente pero parcial en alcance– de una Administración autonómica en aquellas competencias en que ésta no se sometiese al ordenamiento constitucional y judicial. Pero ¿cómo esperar esto de un Gobierno que ha esperado a que los separatistas catalanes perpetraran dos referéndums ilegales y una sediciosa declaración de independencia para intervenir la Generalidad? Y eso, para, en el colmo del disparate, convocar nuevas e inmediatas elecciones con las que poder volver a lavarse las manos.
Al margen del simulacro de aplicación del 155, las mentiras del Gobierno del PP a los españoles en este asunto no son sólo groseras sino ridículas. De ser ciertas, vendrían a significar que el derecho de los catalanes a estudiar en español –incluso estando intervenida la Administración autonómica que los conculca– sería el mismo que si vivieran en una Cataluña nacionalista reconocida y admitida como Estado soberano e independiente. Y aunque, ciertamente, no exista gran diferencia entre la independencia de facto que los Gobiernos de España han concedido en este y tantos otros campos a los nacionalistas y la independencia de iure a la que estos violentamente aspiran, la culpa la tiene –la sigue teniendo– la falta de voluntad política del Gobierno y la indolente clase política para cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional.