Dos días después de que Artur Mas hiciera pública su rebelión formal contra España y su Constitución, el Gobierno de la nación sigue sin adoptar ninguna medida más allá de anunciar sus intenciones de evitar que la consulta secesionista se lleve finalmente a efecto. Lejos de actuar de manera tajante con los mecanismos establecidos en nuestra Carta Magna, la respuesta del Gobierno de Rajoy ha sido inyectar más liquidez a las pavorosas finanzas de la Generalidad con una aportación de otros 874 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Ante la ilegalidad formal de los nacionalistas catalanes, situándose clara y voluntariamente extramuros del orden constitucional, la réplica de Rajoy es premiarlos con más liquidez procedente de la España productiva para seguir alimentando su permanente derroche.
Y mientras el Gobierno hace dejación de sus funciones, la primera de las cuales es cumplir y hacer cumplir la Constitución Española en todo el territorio nacional, la sociedad civil catalana y la española en su conjunto tienen muy claro que el paso dado por la Generalidad de Cataluña ha de ser refutado con toda la firmeza que exige este gesto de rebeldía. No son pocas las personalidades de la vida pública catalana las que ya se han pronunciado a este respecto, con una claridad que contrasta con las palabras ambiguas de Rajoy y los líderes de su partido, incapaces de tomar las riendas de una situación que ya les ha desbordado por completo.
El Gobierno sigue sin mencionar el artículo 155 de la Carta Magna, que le faculta para adoptar cuantas medidas sean necesarias en casos de incumplimientos flagrantes de la Constitución o el ordenamiento jurídico español por parte de una autonomía. De hecho es una medida que tendría que haberse adoptado desde el mismo momento en que el ejecutivo catalán manifestó abiertamente su decisión de no cumplir las decisiones de los tribunales, por no mencionar la perversión de su modelo de adoctrinamiento escolar, que debería haber sido zanjado con la recuperación de las competencias en educación antes de que los casos más flagrantes llegaran a las distintas cortes judiciales.
Esta actitud de Rajoy, contemporizando con un problema que no va a dejar de agravarse en los nueve meses que restan hasta la fecha prevista para el plebiscito secesionista, no sólo va a perjudicar a todos los catalanes sino también a España en su conjunto. No es raro que desde el exterior vean a España como un país cada vez menos fiable, cuyas autoridades legítimas son incapaces de hacer cumplir la ley en su propio territorio.