Las declaraciones de la defensa del inspector José María Ballesteros de este lunes ante el Tribunal Supremo, en las que por primera vez admiten que él fue quien, "cumpliendo órdenes de sus superiores", entregó en el bar Faisán el móvil desde el que el entonces jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, dio el chivatazo al aparato de extorsión de ETA, debería causar, en principio, un giro radical y esperanzador en el enjuiciamiento de este bochornoso capítulo de la paz sucia con ETA.
Sin embargo, pocas esperanzas hay de llegar hasta el fondo del asunto si, al mismo tiempo, se tiene presente la vergonzosa postura del fiscal, que ha renunciado a la acusación por colaboración con ETA, y la del letrado del PP, que se ha limitado a dar por entregado su recurso y ni siquiera lo ha defendido.
A muchos les parecerá inconcebible que la Fiscalía y el PP, que otrora se comprometió a llegar hasta el fondo con todas las consecuencias, traten ahora de echar tierra sobre el asunto. Pero esta posición no deja de ser acorde con la política continuista de un Gobierno irreconocible, cuyo ministro del Interior, nada más asumir la cartera, dijo que la labor de sus antecesores socialistas en el cargo había sido "ejemplar" y que le constaba que el Ministerio del Interior "en ningún momento" había "dejado en suspenso el Estado de Derecho".
Sólo desde esta voluntad política de pasar página se puede entender que un organismo jerarquizado y dependiente del Gobierno como la Fiscalía haya decidido ahora ignorar la elocuente jurisprudencia que afirma que la colaboración con una organización terrorista no exige compartir afinidad ni objetivos con la banda armada.
Sólo desde esa misma voluntad política se puede asumir que dos mandos policiales -las dos únicas personas condenadas por el chivatazo, que lo son únicamente por un delito de revelación de secretos- actuaran motu proprio, sin cumplir órdenes de sus superiores, el secretario de Estado, Antonio Camacho, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Sólo desde esta voluntad política de pasar página se puede entender que no se haya pedido en ningún momento la comparecencia en sede judicial del actual vocal del CGPJ y emisario del Gobierno de Zapatero ante la ETA, Manuel Gómez Benítez, quien, según actas incautadas a los terroristas, puso en valor la comisión de este chivatazo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de proseguir las negociaciones con la banda terrorista.
Sólo desde el abandono de los principios se puede entender que muchos políticos del PP, que tanto alzaban la voz por este infame asunto en cada sesión de control al Gobierno de Zapatero, guarden ahora tan clamoroso silencio.
A pesar de la confesión de Ballesteros, y teniendo presente la politización de los más altos tribunales, no cabe sino esperar nueva y suprema vergüenza para el Estado de Derecho.