En el título VI de la Constitución Española dedicado al Poder Judicial el artículo 124 dice:
El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Este domingo, 3 de marzo, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha considerado "legítimo" que el gobierno de Artur Mas pretenda convocar un referéndum sobre la secesión de Cataluña, pese a reconocer que "no existe un marco legal que lo permita". Rodríguez Sol ha añadido que existen "otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar".
El contraste entre las declaraciones de este señor y la función que la Constitución otorga a la institución de la Fiscalía es sencillamente demoledor. Lejos de perseguir el delito o promover la defensa de la legalidad lo que hace Rodríguez Sol es exactamente lo contrario. Es más, se permite aconsejar al Gobierno secesionista de Artur Mas cómo burlar la legalidad e incluso se atreve a cuestionar la soberanía nacional como única fuente de legitimidad, base esencial del Estado de Derecho, para hablar de la "voluntad del pueblo de Cataluña".
No es la primera vez que la Fiscalía de Cataluña deja claro cuáles son sus únicas lealtades. Rodríguez Sol ordenó actuar contra el diario El Mundo por sacar a la luz pública las corruptelas del clan Pujol-Mas. Semejante escándalo, un fiscal amedrentando a un periódico para proteger a presuntos delincuentes, tan solo valió una amonestación pública por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Las instituciones españolas son las principales responsables de lo que está sucediendo en Cataluña. Durante décadas, en una dejación de funciones escandalosa y cobarde, han tolerado que los nacionalistas construyan un régimen corrupto sobre la continua vulneración de la legalidad. Ahora corresponde a Torres-Dulce que la institución que representa conserve un mínimo de credibilidad y legitimidad. En su mano está.
