Los dirigentes del PSOE han venido dedicando a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, toda una serie de improperios y descalificaciones. Así, le han acusado de actuar por motivaciones políticas y hasta asegurado que padece trastornos mentales. Pero la crítica evacuada este miércoles por el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves es la definitiva, pues le ha reprochado su "afán justiciero". Es justiciero, según el DRAE, quien "observa y hace observar estrictamente la justicia". Pretendiendo descalificar a Alaya, Chaves se ha retratado.
Al margen de este lapsus revelador, Chaves ha vuelto a incidir en las supuestas motivaciones políticas de la juez, que acaba de imponer una fianza por responsabilidad civil de 29 millones de euros a la exconsejera del Gobierno Chaves Magdalena Álvarez, a la que considera una de las artífices de aquella colosal malversación de caudales públicos, que se prolongó en el tiempo por más de una década.
Es claro que a los socialistas les hubiera gustado que Alaya enterrara este asunto, o por lo menos lo aparcara para después de las elecciones, tal y como hizo en 2008 el entonces Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, con un informe demoledor sobre las perspectivas económicas del país. Pero, afortunadamente, Alaya es una juez independiente que sabe que incurriría en prevaricación si tuviera en cuenta el calendario político para dictar sus autos.
Los dirigentes socialistas, entre ellos la propia Magdalena Álvarez, han criticado a la "desproporcionada" fianza impuesto a la exconsejera de Chaves. El importe de esta fianza, como el de las impuestas al exviceconsejero de Economia José Salgueiro y al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa -de 22 y 8 millones de euros, respectivamente-, es, sin duda alguna, elevado, pero en modo alguno desproporcionado, si tenemos en cuenta tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) como, sobre todo, la colosal cuantía de la malversación de fondos públicos que se está ventilando. La fianza impuesta a Álvarez no deja de ser la cuarta parte del dinero malversado a los contribuyentes bajo su responsabilidad –más de 177 millones de euros–, más el tercio legal del artículo 589 de la LEC.
Estas fianzas civiles, cuyo impago no supondría en modo alguno el ingreso en prisión de aquellos a los que se les han impuesto, solo pretenden, tal y como establece la ley, restituir el daño causado mediante la devolución, en la media de lo posible, del dinero que "de manera indiciariamente ílicita ha salido del erario de la Junta de Andalucía".
Lo desproporcionado, por tanto, no es la fianza sino la reacción de los socialistas, que han mostrado tener tan poco respecto por la ley como el que tradicionalmente tienen por el dinero de los contribuyentes.
Por otro lado, llama poderosamente la atención el bochornoso silencio de un PP que pareciera empeñado en apuntalar el régimen socialista andaluz. Su actitud ante el peor caso de corrupción registrado en España y el lamentable espectáculo de la renovación de la plana mayor regional refuerza las posiciones de quienes piensan que el partido de Mariano Rajoy ha rendido Andalucía al socialismo.
A los andaluces de bien que quieren que se haga justicia en este asunto infame sólo les queda la encomiable juez Alaya.