El último sondeo del departamento de intoxicación y propaganda que dirige Jose Félix Tezanos, oficialmente denominado Centro de Investigaciones Sociológicas, amplia a 5, 2 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP tras la remodelación del Ejecutivo llevada a cabo por Pedro Sánchez. El hecho de que tan inocuo cambio de ministros –que no ha supuesto modificación alguna de las nefastas políticas del peor Gobierno de la etapa democrática– haya hecho supuestamente recuperar impulso al PSOE, en clara contradicción con las encuestas levantadas por las empresas especializadas de referencia, muestra, una vez más, que los sondeos del CIS están al servicio de los intereses políticos y propagandísticos del Gobierno, del que depende y al que lacayunamente sirve.
Es lógico el hartazgo de algunos partidos de la oposición, que –es el caso de Vox– han llegado incluso a presentar una querella contra el descalificable Tezanos por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Pero, aunque se comparta la indignación que provoca el uso partidista del CIS, es harto dudoso que las escandalosas desviaciones de las encuestas del desacreditado ente tezanizado sirvan como prueba en el ámbito judicial de un delito de malversación. Y es que a los organismos públicos de prospección sociológica les sucede lo mismo que a las televisiones y radios en manos del poder político: es muy difícil demostrar jurídicamente el obvio uso partidista de que son objeto si lo que se dirime es, por ejemplo, un desvío ilegal de fondos públicos. En el caso de los sondeos la dificultad es aún mayor, pues, por definición, se trata de pronósticos, de proyecciones que (casi) siempre pueden presentarse como vaticinios erróneos y no como ilícitos penales.
Sea como fuere, hace bien Vox en agitar el avispero y llamar la atención de la ciudadanía sobre el juego indecente que se trae el Gobierno con el CIS de su esbirro Tezanos. Con todo, haría aún mejor si combatiese políticamente la raíz del problema, que es la existencia misma del CIS tal y como está concebido.
La existencia misma del heredero del Instituto de Opinión Pública franquista es absolutamente innecesaria y una tentación permanente para el abuso por parte del Gobierno de turno. El dinero del contribuyente no está para costear las fechorías de la banda de Tezanos. El Estado ya cuenta con el INE para la elaboración de estadísticas relevantes. Quien quiera encuestas electorales, que se las pague, sobre todo las que, como las que perpetra Tezanos, no se elaboran para conocer mejor la opinión publica sino para influir arteramente en ella.