La gestión de las emergencias sanitaria, social y económica ha puesto de relieve no sólo la incompetencia del Gobierno sino la utilización masiva por parte de sus miembros y portavoces de la mentira como instrumento de manipulación social. Se comenzó por minusvalorar la situación a finales de febrero, se siguió falseando las cuentas de fallecidos y contagiados y el último episodio ha sido el del comité de expertos de la desescalada que nunca existió. Si por algo se han distinguido Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, María Jesús Montero, Salvador Illa y Fernando Simón es por mentir sin pausa y con un manifiesto desprecio por la vida y el futuro de los españoles.
Mentían cuando negaban la peligrosidad del virus, en el parte diario de fallecidos, cuando hablaban de la compra de material sanitario. Mentían en sus previsiones económicas, mentían sobre la situación de las residencias de ancianos, mentían sobre sus competencias y responsabilidades, mentían cuando decían que las mascarillas no eran necesarias, mentían cuando acusaban a la oposición y a determinados medios de difundir bulos, mentían cuando decían que todo el mundo estaba al día en el cobro de los expedientes temporales, mentían en las razones por las que acometieron la purga en la Guardia Civil, mentían cuando decían que el estado de alarma era la única salida legal para luchar contra la epidemia. Mentían y siguen mintiendo. De hecho, es difícil, por no decir imposible, encontrar una sola verdad en las comunicaciones del Gobierno de febrero a esta parte.
El comité de expertos fantasma es la guinda, pero no será la última mentira. Sobre ese comité sustentó Illa decisiones discriminatorias contra la Comunidad de Madrid mientras permitía que Cataluña cambiara de fases en un lapso de 24 horas. Esa mentira de Illa ha supuesto la ruina de muchos madrileños asfixiados por el parón económico agravado por el retraso en la desescalada. La mentira, pues, tuvo consecuencias graves, razón por la que no se debería descartar en absoluto que se procediera judicialmente contra el Gobierno. Y no es precisamente el único motivo. En otros países de nuestro entorno, como Francia e Italia, los fiscales han podido interrogar a los miembros del Ejecutivo en el curso de investigaciones abiertas para depurar responsabilidades. Aquí, investigar la acción del Gobierno es un tabú, a pesar de la acumulación de hechos que indican que la nefasta gestión social-comunista ha tenido un elevado coste, tanto en vidas como en materia económica.
El control de los medios de comunicación públicos y de no pocos privados atados por las subvenciones permite al Gobierno sostenerse sobre sus mentiras, minimizar los informes internacionales que sitúan a España como el último de los países desarrollados en el control de la epidemia y destacan que su Gabinete ha sido el que peor ha afrontado la epidemia en Europa, por detrás de Italia, Bélgica y el Reino Unido. Las consecuencias de esa gestión y de las mentiras están ahí en forma de desempleo, colas del hambre y desplome económico.