Por mucho que Rajoy se empeñe en lo contrario, un asunto de la envergadura y la gravedad que está adquiriendo el caso Bárcenas no puede despacharse en una rueda de prensa de sólo dos preguntas en la que, además, apareces acompañado de un mandatario extranjero que debe haberse visto, por cierto, en una estrambótica e incomodísima situación.
Estamos dispuestos a conceder que un presidente del Gobierno no deba comparecer cada día para "salir al paso de insinuaciones y rumores" como él mismo ha dicho; pero siendo eso cierto, también lo es que el máximo mandatario de una democracia sí debe dar las oportunas explicaciones políticas cuando un caso de corrupción que le implica a él mismo y a su partido está, no sólo en las páginas de los periódicos, sino también en manos de la Justicia.
Por otro lado, ni siquiera dentro del pacato formato que ha elegido Rajoy, el presidente logra ser demasiado convincente. Si desde que el caso empezó a salpicarle hubiese sido capaz de mantener el tono contundente y directo que ha tenido en su comparecencia ante los medios María Dolores de Cospedal quizá, sólo quizá, este lunes estaríamos ante otro escenario.
En cualquier caso, cuando la preocupación de la opinión pública alcanza cierto nivel y cuando la oposición pide ya prácticamente en bloque su dimisión –por muy poco legitimados que estén para ello partidos como el PSOE, IU o CiU que tienen en su seno escándalos de corrupción no menores que el caso Bárcenas– Rajoy debe asumir que es su obligación ofrecer, más allá del desarrollo que el asunto tenga en los tribunales, unas explicaciones políticas completas y creíbles. Y que debe hacerlo en el lugar apropiado: el Parlamento, la sede de la soberanía nacional.
El propio Rajoy señala, y con razón, la importancia que en la actual situación económica tiene la estabilidad política, prácticamente el único dato positivo que ofrece España a inversores y organismos internacionales. Pero un Gobierno zarandeado por un escándalo de este calibre no es el mejor garante de esa estabilidad.
Así las cosas, Rajoy y el PP deberían al menos intentar retomar la iniciativa política, y el mejor instrumento para ello sería una herramienta que le permitiría, al mismo tiempo, ofrecer esas explicaciones debidas y afianzar esa estabilidad demostrando, recordando, la amplia mayoría con la que cuenta en las cámaras: la cuestión de confianza.
Rajoy debe plantear lo antes posible esa cuestión, demostrar que tiene la confianza de su partido y de una amplia mayoría en el Parlamento y desactivar las maniobras de una oposición que, en muchos casos, bien haría en atender a sus propias responsabilidades por la corrupción antes de exigir otras.
No sabemos todavía si las responsabilidades, legales, pero sobre todo políticas, que se deriven de este caso exigirán de Rajoy que abandone la Gobierno, pero mientras tanto el presidente debe romper el estado de parálisis en el que ha entrado la política española, más pendiente de Bárcenas que de las necesidades, en muchos casos acuciantes, de los ciudadanos y la economía.
Rajoy debe explicarse y debe gobernar, y la cuestión de confianza le dará la oportunidad y el tiempo para hacer ambas cosas.