Pedro Sánchez se presentará a la investidura a primeros de enero, tal y como avanzamos en Libertad Digital y confirmaron posteriormente fuentes socialistas. El deseo de Sánchez de formar Gobierno con la ayuda de comunistas, proetarras y golpistas está más cerca de convertirse en realidad tras la celebración, este fin de semana, del congreso de ERC, en el que el partido separatista ha reafirmado su interés en que el presidente en funciones continúe en la Moncloa, pues considera que es la mejor manera de hacer avanzar su empresa liberticida.
Los acontecimientos de la pasada semana van precisamente en la dirección que fijaron los golpistas para entregar sus votos a Sánchez. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconociendo la inmunidad del golpista preso Oriol Junqueras fue una traición de la UE a España, pero facilitada y puede que hasta instigada por un Sánchez que pretende seguir vinculando su estancia en el poder a sus tratos con los peores enemigos de la Nación. Si unos sujetos condenados por la Justicia española nada menos que por sedición son los interlocutores oficiales del Gobierno de España, ¿quiénes son los jueces de un tribunal europeo para deslegitimar esas conversaciones de la vergüenza?
El Gobierno de Sánchez no solo ha puesto en bandeja a los jueces europeos ese fallo ignominioso, sino que su portavoz, Isabel Celaá, ha tenido la desfachatez de decir que la sentencia del procés es una judicialización intolerable de un problema político. Lo que es un problema político de primer orden es que esta indeseable sea ministra del Gobierno de España.
La posición de fuerza de los golpistas de ERC y las urgencias de Sánchez por conseguir su investidura abocan a España a uno de los episodios parlamentarios más ominosos de su historia democrática: el de la investidura de un político sin escrúpulos dispuesto a todo para permanecer en el poder, empezando por plegarse a los dictados de los peores enemigos de la Nación.