La llamada "sexta ola" de covid-19, acentuada por el surgimiento de nuevas variantes del virus, y la implantación de medidas sanitarias fuertemente restrictivas en países como Austria y Portugal están alimentando los rumores de nuevas medidas de control por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, uno de los más incompetentes y liberticidas de toda Europa.
También los dirigentes autonómicos –de uno y otro signo– que ven en la lucha contra el coronavirus una oportunidad para mejorar su popularidad en las encuestas parecen partidarios de imponer prohibiciones y confinamientos so pretexto de combatir un problema que, gracias a las vacunas, parece más que encauzado.
Y es que, por más que los políticos traten de justificar con esos rumores amenazantes un nuevo recorte de libertades, lo cierto es que los datos permiten afrontar la lucha contra la pandemia sin necesidad de disparar el intervencionismo económico y sanitario como hizo el Gobierno social-comunista para ocultar su profunda incompetencia.
Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en el último mes se han producido 119.000 nuevos positivos por coronavirus. Sin embargo, el número de hospitalizados solo ha aumentado en 1.474 personas, lo que indica que el 98’8% de los contagiados ha superado la enfermedad realizando una simple cuarentena en casa. También los ingresos en las UCI se han reducido con respecto a lo que ocurrió durante las primeras oleadas, cuando aún no se disponía de vacunas, de forma que hoy solo 1 de cada 1.000 contagiados termina en esas unidades. Otro dato tranquilizador es que la mortalidad se sitúa en España en cuatro fallecidos por millón de habitantes, la tasa más baja del continente tras las de Malta y Suecia.
Las vacunas están funcionando al reducir extraordinariamente los efectos letales de la enfermedad, lo que se traduce en una situación epidemiológica y hospitalaria perfectamente manejable. Nada justifica, pues, la vuelta a confinamientos y cerrojazos económicos como los que dictó el Gobierno social-comunista a través de unos decretos de urgencia que el Tribunal Constitucional acabó considerando ilegales. Con una tasa de vacunación del 80% de la población y una situación hospitalaria estable, cualquier intento liberticida de los social-comunistas ha de recibir una contundente respuesta política en el Parlamento y el más firme rechazo por parte de la sociedad.