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EDITORIAL

Cifuentes, víctima del "difama que algo queda"

Cifuentes ha sido sometida a un infame juicio paralelo que desprecia clamorosamente el hecho de que ni el juez ni el fiscal ven nada contra ella.

Pocos juicios paralelos tan infames como el que ha sufrido en sus carnes este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a raíz del levantamiento parcial del secreto del sumario del caso Púnica, en el que aparece un informe de la UCO donde se pide que se investigue, entre muchos otros, a la dirigente madrileña por si hubiera podido cometer un delito de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid entre 2009 y 2011, cuando era presidenta de la Mesa de Contratación.

Con total desprecio al decisivo hecho de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez, Eloy Velasco, han visto en dicho informe el más mínimo indicio para procesar a la presidenta de Madrid por delito alguno, numerosos medios de comunicación y algunos partidos políticos la han puesto en el disparadero con titulares tales como "Cifuentes, implicada en la financiación irregular del PP" o con peticiones de apoyo a la moción de censura que pretende plantearle Podemos.

Hasta cierto punto, es admisible que los agentes de la UCO sometan a todo el PP a investigación para saber dónde empieza y dónde acaba la presunta trama de corrupción que protagoniza este partido. Hasta cierto punto, es igualmente admisible que en el sumario de un caso queden incorporadas todas las pesquisas y sospechas de los agentes de la Guardia Civil que han llevado adelante las tareas de investigación, por enrevesadas que sean y lleven o no indicios suficientes para someter a juicio a un ciudadano. Lo que no es de recibo es que se aproveche la parte de un sumario que ha sido rechazado por los únicos que pueden formular acusaciones o dictaminar condenas en un Estado de Derecho –jueces, fiscales y acusación particular– para someter a una persona a un infamante juicio paralelo y a una presunción de culpabilidad que desprecia tan clamorosamente un principio constitucional tan básico como es el derecho a una tutela judicial efectiva.

Está visto, sin embargo, que a muchos no les importa tanto la verdad como el escándalo, y la presión mediática y política contra Cifuentes ha sido de tal envergadura que hasta fuentes de su propio partido se han visto en la necesidad de declarar de sería "terriblemente injusto" que la imputasen, pero si ocurriera se iría.

Una cosa es separar las responsabilidades políticas y penales, por las que no siempre hay que esperar a que una persona sea condenada para pedir su dimisión, y otra muy distinta establecer un automatismo por el que toda persona investigada o encausada por un supuesto hecho delictivo tenga siempre que cesar inmediatamente en su cargo. No todas las fases judiciales contienen el mismo número de indicios contra una persona encausada. Pero en el caso de Cifuentes es que ni siquiera está sometida a proceso judicial alguno.

La lucha contra la corrupción no puede dar amparo a estos juicios paralelos, como no puede dárselos a las penas de telediario o a la filtración de nada que esté bajo secreto de sumario. De hecho, estas prácticas no dejan de ser una muestra de envilecimiento de la sociedad, con independencia de que estén o no tipificadas como delito.

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