La sociedad española en general y las víctimas del terrorismo sufren día sí, día también la humillación que supone ver como campan a sus anchas por las instituciones los pistoleros de la ETA y sus secuaces. El protagonismo de la chupinera proetarra en el inicio de las fiestas de Bilbao no es una anécdota o un hecho aislado. Cuando los matones de la boina y la serpiente gobiernan en la Diputación de Guipúzcoa, buena parte de los ayuntamientos de esta provincia y muchos otros del País Vasco y Navarra y se pasean con chulería por el Parlamento vasco y el Congreso de los Diputados nadie puede sorprenderse de que también en esta ocasión se hayan salido con la suya.
Lo grave es que no estamos ante un accidente o un fenómeno natural inevitable sino que la fortaleza de los terroristas responde a la voluntad de la casta política. Han sido las instituciones, controladas todas por los dos grandes partidos, las que han hecho dejadez de funciones en la defensa de la legalidad y la Nación, para rendirse ante los terroristas. La legalización de las marcas electorales de ETA era por sí misma una razón suficiente para reformar, o mejor cerrar, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo no ha hecho nada, sino que con el inefable ministro Gallardón a la cabeza ha profundizado, aun más si cabe, en la politización de la Justicia, que es el origen de buena parte de los males que padece nuestra Nación.
La prueba palpable de la continuidad del actual Gobierno con la ignominiosa política de rendición de la legalidad y las instituciones ante la ETA es la liberación del asesino y torturador Bolinaga. Este fin de semana se ha cumplido un año de su puesta en libertad cuando, según se nos dijo, solo le quedaban semanas de vida. Ya en ese momento, y así lo denunciamos en Libertad Digital, teníamos la convicción moral de que en la excarcelación del terrorista tenía muy poco de humanitario y mucho de obsequio a los asesinos. Un año después, Bolinaga sigue vivo y el Colegio de Médicos respaldó punto por punto el informe de la forense de la Audiencia Nacional, la única realmente competente en el caso, en el que negaba que el terrorista estuviese en situación terminal, como sostenía el Gobierno.
Con este panorama en el País Vasco y mientras Montoro financia con dinero de todos los españoles la secesión de Cataluña, no es de extrañar que un personajillo siniestro como el gibraltareño Picardo se pitorree del Gobierno español. Lo más sorprendente es que todavía haya tanto necio que piensa que la no defensa de los intereses nacionales no va a tener consecuencias nefastas para todos los españoles.