Aunque menos sea nada, bien está que la Junta Electoral Central (JEC) haya criticado algo este miércoles a Isabel Celaá por la bochornosa utilización electoralista que la ministra portavoz del Gobierno hizo de la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros del pasado 27 de septiembre. Recuérdese que aquella descarada promoción electoral del PSOE que hizo Celaá en un ámbito en el que debía haber mantenido la máxima neutralidad institucional ya quedó reflejada en una pregunta que le hizo un periodista de Libertad Digital y, más tarde, motivó que el partido de Albert Rivera elevara una queja ante el órgano superior de la Administración electoral.
Con todo, la advertencia de la JEC a Celaá no pasa de hipócrita regañina si tenemos en cuenta que no va abrir contra la ministra expediente sancionador alguno y que aquella rueda de presa ministerial del pasado viernes, sin duda convertida en acto de campaña y de propaganda al servicio del PSOE, fue, con todo, peccata minuta comparada con la aun más bochornosa utilización partidista del Consejo de Ministros y del dinero público que hizo el mismo Gobierno en funciones en las vísperas de las pasadas elecciones generales de abril.
Aquellas ruedas de prensa de los llamados "viernes sociales", en las que la portavoz del Gobierno utilizaba no solo sus declaraciones, sino también los decretos leyes y el dinero de los contribuyentes a favor de la candidatura del PSOE, también provocaron una todavía más justificada protesta del PP y de Ciudadanos, queja que la JEC no tuvo reparo en desestimar.
Salvando las diferencias, piénsese, por otra parte, en el nulo caso que hasta la fecha el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha brindado a la JEC cuando le ordenó, hace meses, que retirara los lazos amarillos que a día de hoy siguen colgados de los edificios públicos de Cataluña. Aunque esto último sea mucho más grave, por cuanto los lazos amarillos no sólo constituyen un símbolo partidista sino un acto de apología de los delitos por los que han sido juzgados los golpistas del 1-O, socialistas y nacionalistas comparten esa misma visión patrimonialista de lo público, donde el interés del Estado se confunde con el interés del partido.
Editorial aparte requeriría el descarado uso partidista que hace el PSOE de RTVE. Lo que es evidente es que mientras no haya una auténtica separación de poderes, una ley que se cumpla y se haga cumplir de manera efectiva y una independencia judicial que alcance naturalmente a la propia Junta Electoral Central, seguiremos padeciendo un uso electoralista de los poderes públicos mientras nuestro debilitado Estado de Derecho ofrecerá escasa resistencia frente a los que lo quieren ver dinamitado.