La ministra de Educación en funciones ha generado una sonada polémica en relación con el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. En el marco de unas jornadas celebradas por la patronal Escuelas Católicas, Isabel Celaá afirmó que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza" que emana del artículo 27 de la Constitución, aseveración que sumió en el estupor a todos los presentes.
Se ignora de qué siniestro manual izquierdista ha podido extraer Celaá tal disparate, pues ese derecho figura en el referido artículo 27 de la Carta Magna, que recoge el derecho "a la educación" de todos los ciudadanos, reconoce la "libertad de enseñanza" y la "libertad de creación de centros docentes" y obliga a los poderes públicos a garantizar el libre ejercicio de todo ello. La Constitución, sí, vincula inexorablemente la libertad de enseñanza con el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, aunque la ministra en funciones de chequista trate de disociar arteramente ambas realidades jurídicas para hacer un guiño a los ultras con los que su jefe ha firmado un preacuerdo de Gobierno.
La ministra y portavoz del Gobierno ignora intencionadamente repetidas sentencias del Tribunal Constitucional que consagran el vínculo entre la libertad de enseñanza y el de elección de centro. Así, la 31/2018, la más reciente, conecta expresamente el carácter de los centros educativos con el derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y ese derecho con el de las familias a la elección de centro educativo. Es puro sentido común. ¿O cómo piensa la ministra que pueden los padres elegir el tipo de educación moral de sus hijos si se les impide optar por el centro educativo de su predilección?
Celaá ha dejado perfectamente claras las intenciones de Sánchez de radicalizar su discurso en materia educativa para contentar a Iglesias y sus sicarios. La reforma educativa del falsario doctor Sánchez, que no pudo tramitarse por la debilidad parlamentaria del PSOE, incluirá nuevas medidas para impedir que los padres eviten el aberrante adoctrinamiento ideológico que se inflige a los niños en tantas aulas, controladas férreamente por mafias sindicales que comparten con Celaá, Sánchez e Iglesias el odio a la libertad.