La Administración golpista de Cataluña sigue sin ser intervenida, y al frente de ella sigue un delincuente que goza de escandalosa impunidad. Así se podría resumir lo que ocurre en Cataluña con independencia de lo que el cabecilla del golpe de Estado y presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, dijera este martes en el Parlamento regional. Dicho de otra forma: aunque el golpista hubiera pedido perdón y hecho un solemne acatamiento del orden constitucional, sus palabras no hubieran podido borrar, jurídicamente hablando, la quiebra del orden constitucional en Cataluña ni el delito de rebelión perpetrado con la proclamación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum: el artículo 472.1 del Código Penal (CP) castiga con penas de prisión cualquier intento de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución".
Esa hipotética retractación de Puigdemont no habría borrado la malversación de fondos públicos que conllevó la convocatoria y celebración del referéndum secesionista del pasado día 1. Ni el delito de sedición perpetrado por el mandatario regional el 20 de septiembre, cuando hizo un llamamiento a la ciudadanía a tomar las calles para protestar por la detención de varios altos cargos de su Administración a instancias del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. A pesar de que, en relación con esto último, ya han sido imputados el presidente de Òmnium Cultural y el de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y a pesar de que el artículo 545 del CP castiga más gravemente a quienes, "siendo autoridad, hubieran inducido la sedición", el hecho es que Puigdemont sigue sin correr la misma suerte que los referidos personajes.
Ningún arrepentimiento de Puigdemont hubiera podido llevar a la Justicia a cerrar los ojos y olvidar el alto coste que supuso el desplazamiento a Cataluña de miles de agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de impedir que el golpista perpetrara su delito de desobediencia el pasado día 1.
Lo más delirante es que la esperada intervención de este martes de Puigdemont, lejos de ser una retracción pública, una muestra de arrepentimiento o un anuncio del fin del proceso secesionista iniciado en 2012, se ha traducido en la comisión de un nuevo delito de rebelión, en este caso el reflejado en el artículo 472.5 del CP, que castiga la "declaración de independencia de una parte del territorio nacional".
Desde luego, Cataluña no va a convertirse formalmente en un Estado soberano por el hecho de que así lo proclame un delincuente reincidente. Cosa distinta es que dicha proclamación no tenga consecuencias penales. Tampoco tiene trascendencia alguna que el propio delincuente haya suspendido los efectos de su proclamación de independencia, pero sí que lo haya hecho con la confesa intención de embarcar al Gobierno y a los demás poderes del Estado en un ominoso y delictivo proceso de diálogo.
Lo más grave es que Puigdemont ha vuelto a perpetrar un delito castigado con prisión sin que haya sido detenido o siquiera apartado de un cargo que le deja al mando de un cuerpo armado como son los Mossos d'Esquadra.
Mariano Rajoy podrá seguir siendo el irresponsable gobernante que se negó a suspender la autonomía para evitar que se siguieran cometiendo tantos y tan graves delitos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución, al fin y al cabo, es facultad del Gobierno. Lo que en absoluto es facultativo de ningún Gobierno es la inobservancia de los artículos del Código Penal que castigan con penas de prisión a quienes perpetran los delitos mencionados. El propio CP, por cierto, advierte en su artículo 408: "Toda autoridad que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia, o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Tome buena nota el presidente del Gobierno y cumpla con su deber, si no quiere convertirse en el cooperador necesario del miserable que está perpetrando un golpe de Estado desde una de las instituciones más importantes del Estado.