Escasos días después de que Puigdemont y Junqueras reiteraran su compromiso de "convocar, organizar y celebrar" una nueva e ilegal consulta secesionista, la portavoz de la Generalidad, Neus Munte, ha confirmado este martes las afirmaciones del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach de que el Gobierno regional catalán sancionará a los funcionarios que se nieguen a acatar las inconstitucionales leyes de transitoriedad jurídica y de desconexión que se presentaran en el Parlamento local en los próximos meses.
Aunque no ha querido "plantearse el escenario" en el que los funcionarios se rebelen ante los sediciosos mandatos de los gobernantes separatistas, Munté ha dejado claro que "las leyes nos obligan a todos, en cada momento y según el marco vigente", dejando meridianamente claro que entre esas leyes de obligado cumplimiento estarán, llegado el momento, las que pretenden dar un armazón jurídico a su ilegal pretensión de desconectarse del ordenamiento jurídico español.
Aunque esta noticia evoque un mundo al revés en el los delincuentes imponen su ley y amenazan con sancionar a quienes no les obedezcan, lo cierto es que esta amenaza de los golpistas catalanes no debería a estas alturas sorprender a nadie. Nadie se compromete a hacer caso omiso a la Constitución y a los tribunales, tal y como por escrito, de palabra y obra vienen haciendo desde hace años los sediciosos mandatarios regionales de Cataluña, para luego tolerar que haya funcionarios fieles al Estado de Derecho que hagan caso omiso a la las leyes de "desconexión y transitoriedad jurídica" con que los separatistas pretender subvertir –todavía en mayor medida– el ordenamiento jurídico.
El tiempo, en cualquier caso, dirá si hay funcionarios que se atrevan a rebelarse ante sus sediciosos mandatarios en defensa del Estado de Derecho. Hasta la fecha, han sido pocos los que se han atrevido a desobedecer mandatos abiertamente ilegales como los que imponen a los mossos redactar en catalán los partes policiales, los que obligan a los comercios a rotular en esa lengua o los que excluyen al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Recuérdese también que Dolores Agenjo, la única directora de instituto de toda Cataluña que valientemente no cedió las llaves de su centro para que se realizara el ilegal referéndum del 9 de noviembre de 2014, confesó en su día: "Temíamos más al Departament que al Gobierno [español]".
Y hasta cierto punto es lógico que así sea: la quiebra de la Nación entendida como Estado de Derecho es más el resultado de un pecado de omisión por parte de quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley que de un pecado de obra por parte de quienes la violan. En este sentido, tanto o más que la bravuconería de los separatistas debería escandalizar la pusilanimidad de un Gobierno como el de Rajoy, que, con el no menos indecente acuerdo de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, no se atreve a intervenir, en defensa de la legalidad y al amparo del articulo 155 de la Constitución, la Administración regional en rebeldía y, por el contrario, permite –incluso financia indirectamente– que unos golpistas rijan las instituciones autonómicas y destinen millones de euros del contribuyente a un ilegal proceso de construcción nacional. Pero en esas estamos y en esas seguimos.