Ya resultó escandaloso que el Tribunal Supremo redujera a la mitad la condena de cinco años y dos meses de prisión que impuso la Audiencia de Granada a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores con el estupefaciente argumento de que la condenada no cometió dos delitos sino solo uno al secuestrar a sus dos hijos e impedirles, durante más de un año y tres meses, que vieran a su padre, que ostentaba la guardia y custodia de ambos. Habida cuenta de que eran dos los menores que habían visto conculcados sus derechos de ver a y vivir con su padre en Italia, y teniendo igualmente presente que se atentó contra el derecho de custodia del propio padre, resultó de más que dudosa aplicación la aplicación del principio non bis in idem, que impide castigar dos veces el mismo delito.
Aun así, mucho más vergonzosa y escandalosa está siendo la repulsiva campaña mediática y política orquestada no contra Juana Rivas sino contra una de sus tres víctimas, el italiano Francesco Arcuri, que no sólo tuvo que padecer el infierno de no poder ver y ni siquiera saber dónde estaban sus hijos, sino que fue objeto de numerosas denuncias espurias por malos tratos perpetradas por la delincuente ahora indultada, todas ellas archivadas. Especialmente infame está siendo el alineamiento del Gobierno de Pedro Sánchez con la secuestradora, al punto de que sin vergüenza Irene Montero, ministra de Igualdad, la ha calificado de víctima de la "Justicia patriarcal".
No es de extrañar, pues, que el Ejecutivo haya decidido aprobar el indulto parcial a Juana Rivas, luego de que el Tribunal Supremo rechazara por unanimidad el indulto total. Gracias a esta decisión ominosa, Rivas va a ver reducida su condena a la mitad, a sólo un año y tres meses. Para colmo, el Gobierno en el que milita la fanática Irene Montero ha acordado eliminar la prohibición de cuatro años para el ejercicio de la patria potestad que pesaba sobre la condenada secuestradora, y conmutarla por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Menudos servicios a la comunidad va a prestar una delincuente que no ha mostrado el menor arrepentimiento por sus fechorías, que tuvieron por víctimas a su exmarido y a sus propios hijos.
A efectos prácticos, este indulto parcial significará también, con toda probabilidad, que Rivas no vaya a prisión –actualmente cumple condena en un centro de inserción social de Granada–, pues la suspensión del ingreso es prácticamente automática en las penas inferiores a dos años.
Para mayor escarnio, el humillado Francesco Arcuri ha vuelto a ver cómo la fanática Irene Montero, exultante por el indulto, le difamaba una vez más al afirmar que la medida de gracia a favor de Rivas constituye "un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos". ¿Qué habría dicho la talibánica ministra si, en lugar de una mujer, hubiera sido un varón el que hubiera sustraído a unos menores y violado el derecho de una madre a ver y velar por sus hijos? El aberrante drama es que en el Gobierno se jactan de atentar contra los principios irrenunciables de no discriminación e igualdad ante la ley y de presionar a los tribunales para que se corrompan moralmente e impartan justicia con "perspectiva de género", exigencia que es tanto como hacerles un llamamiento orwelliano a la prevaricación.
Pero en esas estamos y en esas seguiremos mientras se siga aplicando un doble rasero radicalmente injusto y liberticida que desprotege a los varones y convirtiendo en héroes populares a personajes tan tóxicos como Juana Rivas.