El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido este jueves procesar de nuevo por los delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos a los mandos policiales Enrique Pamies (exjefe de Policía en el País Vasco) y José María Ballesteros (inspector de Policía) por el soplo dado a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún.
No faltarán quienes reprochen al juez no haber extendido su imputación al ex director general de la policía, Víctor García Hidalgo, teniendo pruebas en su poder no menos demoledoras contra él. Conviene recordar, sin embargo, que el pasado año Ruz también imputó a García Hidalgo, y el resultado fue que la Sala de la Audiencia Nacional, presidida entonces por Javier Gómez Bermúdez, decidió tumbar toda la instrucción alegando que el juez no había valorado correctamente las pruebas, dejando en sus manos la decisión de archivar el caso o revisar la investigación.
A pesar de esta táctica de agotamiento, el juez Ruz no ha tirado la toalla, pero no es descabellado pensar que sí se haya podido sentir forzado a limitar las responsabilidades penales y el alcance político de este repugnante asunto como forma de preservar el caso y evitar que quede totalmente enterrado. Más aun cuando Ruz ha observado que ha sido la propia Fiscalía la que ha decidido salvar con este cortafuegos a la cúpula de Interior, ignorando para ello hechos tan sumamente relevantes como la constancia del cruce de conversaciones telefónicas entre García Hidalgo y sus subordinados imputados la noche anterior y al día siguiente al chivatazo; o que el ex director de la Policía utilizaba una de las tarjetas prepago compradas para comunicarse entre los implicados en la operación; o que se encontrara una nota con el número de teléfono de García Hidalgo en los bolsillos de un etarra al que –según declaró– le habían ordenado llamar si era detenido. Eso por no recordar el capítulo en el que uno de los portavoces del Gobierno ante la ETA, Gómez Benítez –actualmente nada menos que vocal del Consejo General del Poder Judicial– puso en valor ante sus interlocutores terroristas la comisión de este soplo policial como gesto de buena voluntad negociadora por parte del Gobierno.
Por otra parte, ¿alguien puede creer seriamente que los policías acusados de ser autores materiales del chivatazo se le cruzaron los cables y decidieron perpetrar semejante delito de colaboración con banda armada motu propio?
Ignoramos qué peso pueda haber tenido también en la decisión de Ruz de limitar el alcance de sus imputaciones el gravísimo y reciente robo en la Audiencia Nacional de parte del sumario del chivatazo, declarada secreta por el juez por razones de "seguridad del Estado". Lo que sabemos es que el Gobierno del PP apenas ha hecho cambios frente a los numerosísimos nombramientos a dedo hechos por Rubalcaba, especialmente en áreas tan sensibles como las del espionaje e inteligencia. Lo que sabemos –y esto es mucho más relevante– es que el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nada mas asumir el cargo, calificó nada menos que de "ejemplar" la trayectoria de sus antecesores, añadiendo literalmente que le constaba "que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho".
Teniendo todo esto en cuenta, y sin necesidad de recordar capítulos como la concordante y nauseabunda valoración que hicieron Zapatero, Rajoy y Rubalcaba del comunicado de alto el fuego de ETA de hace un año, o el de la misteriosa reunión que el actual ministro del Interior mantuvo con Zapatero, ¿qué podemos esperar del Gobierno del PP salvo el deseo de pasar página a este asunto?
Por grave que sea el caso del Faisán, y por muchas que sean sus implicaciones en el proceso de paz sucia emprendido por Zapatero, no queremos sin embargo perder las esperanzas. Aunque sea muy difícil, no sería la primera vez que, contrariando pervertidas razones de Estado y los deseos del poder político de pasar página, la verdad se abre camino. Y es que a veces los cabezas de turco se niegan a serlo y tiran de la manta.