La comparecencia de Fátima Báñez en la Comisión de Empleo del Congreso, este jueves, ha hecho mucho ruido. El anuncio de la ministra de que se "simplificarán los modelos de contratos de trabajo", pasando de los 41 actuales a sólo 5, ha provocado que muchos se preguntasen (nos preguntásemos) si por fin el Gobierno se iba a enfrentar de verdad al acuciante problema de la dualidad del mercado laboral español.
Desgraciadamente, creemos que no es así. En realidad, lo que aprobará el Ministerio de Empleo en las próximas semanas es un agrupamiento de los modelos o formularios disponibles para los empresarios. Así, las 41 opciones de las que habla Báñez (que algunos expertos elevan hasta más de 80) seguirán ahí, vigentes y plenamente legales. La novedad es que se ordenarán en cinco grandes apartados, con el objetivo de facilitar la tarea de contratación y ofrecer la información de forma más clara.
Hasta ahora, en el absurdo burocrático de la legislación laboral española los modelos de contratación se suceden, cada uno con su formulario y sus peculiares características. No todas las empresas pueden acceder a todos los contratos; ni todos los trabajadores pueden beneficiarse de todas las ventajas. Las pymes, especialmente, se ven perdidas en este laberinto administrativo. Por eso, agrupar todos los contratos en unos pocos grandes contenedores y reunir la información sobre incentivos y bonificaciones en el mismo sitio es una buena noticia. Es un avance y así debe decirse.
El problema es que es un pasito tan pequeño que no podemos más que sentirnos decepcionados. La dualidad del mercado laboral español no tiene su origen en un lío de formularios, sino en la normativa de fondo que preside las relaciones entre empresarios y trabajadores, especialmente en lo que tiene que ver con las condiciones del despido. La enorme diferencia legal entre fijos y temporales provoca que muchos empresarios hagan este tipo de contratos, incluso para tareas que deberían estar en manos de trabajadores indefinidos, ante el miedo de no poder afrontar el coste del despido si en un futuro el empleado no rinde o los resultados no son los esperados.
El impacto de este hecho en la competitividad del país es enorme. Las compañías no están dispuestas en gastar en la formación o promoción de un empleado que se irá en dos meses. Y el trabajador no logra desarrollar una carrera profesional convencional: conocer un sector, hacer contactos, ir creciendo en su puesto de trabajo, perfeccionar sus habilidades... No sólo eso, sino que las decisiones de ajuste de plantilla se hacen teniendo en cuenta el coste de despido y no la productividad de los afectados. Por esta razón, cuando llega la crisis, golpea siempre en los mismos, ese ejército de precarios que acumulan contratos de días, semanas y meses durante años.
Para acabar con esta enfermiza dinámica, hace tiempo que los expertos (desde la UE al FMI, pasando por el Banco de España) han pedido al Gobierno que apruebe el "contrato único". Bajo este nombre, algo equívoco, se esconde una propuesta interesante que ni siquiera obliga a que sólo haya un tipo de contrato, sino a una estructura legal que promueva que todos los contratos, por defecto, sean indefinidos, y en el que temporales, interinos o formativos sean la excepción, sólo para aquellos casos que verdaderamente lo requieren.
Pero nada de esto se ha aprobado hoy. Por eso, los resultados serán mucho menores de lo esperado por el Gobierno. No seremos nosotros los que critiquemos una reducción del peso burocrático que tienen que soportar las empresas. Pero, sinceramente, esperábamos algo más de un anuncio tan sonoro.