Las elecciones generales del próximo día 28 van a ser decisivas para la Nación, y la extrema izquierda está volcándose en instilar el miedo en el electorado liberal-conservador, a quien quiere someter políticamente y condenar a la muerte cívica.
Lo que está haciendo la izquierda ultra, tanto la pretendidamente nacional como la abiertamente separatista, es de una gravedad extrema, ante la escandalosa desatención de tantas autoridades y el aún más aberrante proceder de buena parte de los medios de comunicación.
Sólo este fin de semana, elementos proetarras han acosado a representantes y simpatizantes de Ciudadanos en la localidad guipuzcoana de Rentería, uno de los feudos históricos de la banda terrorista ETA, y el partido del condenado Arnaldo Otegi ha ensalzado a los liberticidas por haber hecho frente a las provocaciones de la formación constitucionalista. En Bilbao, la misma hez de la sociedad vasca ha asediado y agredido a los asistentes a un mitin de Vox y se ha enfrentado a la Policía como en los días más infames del terrorismo callejero. La víspera, los proetarras asediaron y agredieron a los asistentes a otro mitin del partido de José Antonio Ortega Lara en San Sebastián, tras autorizar el Gobierno regional vasco una concentración rabiosamente voxófoba.
Las cosas se están poniendo de tal manera que, en la actualidad, España no podría pasar el denominado test de la plaza pública, que valora el grado de genuina libertad de que disfruta una determinada sociedad en función de si alguien puede proclamar sus ideas con toda normalidad en un lugar tan cívicamente relevante como una concurrida plaza pública. Está claro que, en cada vez más lugares del país, los representantes o simpatizantes de PP, Ciudadanos y Vox no pueden manifestar en público sus opiniones sin temer por su integridad física. Esto es de una gravedad extrema, insistimos; y la responsabilidad de los partidos y los medios de comunicación que miran para otro lado o justifican de algún modo a los liberticidas, o que directamente los jalean, es tremenda; e indignante la actitud prevaricadora de las autoridades que no quieren oír hablar del delito de odio cuando el que odia pertenece a la extrema izquierda.
Hay que plantarse con toda contundencia y no normalizar lo que está sucediendo: la derecha sociológica no tiene que acostumbrarse a ser acosada y maltratada por la canalla ultraizquierdista, sino exigir a los poderes del Estado que le garantice el pleno disfrute de sus derechos cívicos, y que se castigue con la máxima dureza a quienes pretenden dinamitar la convivencia y acabar con nuestro régimen de libertades. Sobre todo si quienes así se comportan están, precisamente, empotrados en las propias instituciones del Estado.