El asesinato del pequeño Gabriel Cruz ha devuelto al primer plano de la actualidad la cuestión de la prisión permanente revisable, sobre la que los principales partidos políticos mantienen posiciones encontradas. Esta fuerte discrepancia se pondrá de manifiesto el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, a raíz de la iniciativa impulsada por el PNV para derogarla.
La prisión permanente revisable fue aprobada por las Cortes en 2015, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta en las dos Cámaras. Su objetivo es impedir que delincuentes especialmente peligrosos puedan volver a la calle sin haber demostrado su rehabilitación. Las condiciones para su aplicación están perfectamente tasadas, y su empleo está siendo tan restrictivo que de hecho solo se le ha aplicado a un individuo, condenado por el espeluznante asesinato de sus hijos.
El PSOE ya ha anunciado que va a alinearse con el PNV para tratar de eliminar del Código Penal esta figura penal. Los socialistas recurren al mantra de que no se debe legislar en caliente, que no quiere decir nada, o en todo caso nada bueno, pues los políticos son especialistas en legislar lo caliente que sea necesario cuando les conviene. El padre de Diana Quer ha replicado a esta excusa tantas veces impresentable pidiendo a los legisladores que, ya puestos, tampoco deroguen leyes en caliente.
Como cabía esperar, la formación de extrema izquierda Podemos ha manifestado su rechazo a la prisión permanente revisable con su habitual jerga falsaria, pero Pablo Iglesias y sus secuaces cada vez engañan a menos gente: su preocupación por los derechos y libertades es perfectamente descriptible en cuanto se repara en sus referentes internacionales y en su manera de ensalzar o blanquear a sujetos de la calaña de Arnaldo Otegi o Alfon. Ciudadanos, por su parte, aunque no comparte la prisión permanente revisable tal y como está regulada, pretende que se introduzcan enmiendas de mero trámite, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por los socialistas.
Más allá de disquisiciones aparentemente jurídicas que en ocasiones solo encubren la oposición de determinados grupos a que se combata con firmeza el delito, lo cierto es que nada más pertinente que idear mecanismos que eviten la puesta en libertad de elementos especialmente peligrosos. El Estado tiene que proteger a la ciudadanía de los peores delincuentes, por supuesto, con todas las garantías exigibles en un régimen de libertades como el que rige en España desde 1978. Y más de tres millones de españoles han solicitado por escrito a sus representantes políticos que no acaben con la prisión permanente revisable.
De Podemos y los nacionalistas no cabe esperar nada que redunde en interés de España. Así las cosas, de PSOE y Ciudadanos depende que los asesinos más despiadados tengan la oportunidad de volver a la calle tras su paso por prisión a perpetrar más crímenes atroces, sin que el Estado pueda impedírselo.