Cuando los manifestantes pacíficos –según los demócratas, los medios, Facebook, YouTube y Twitter– de Black Lives Matter sitiaron la Casa Blanca a finales de mayo, decenas de miembros del servicio secreto fueron heridos y once llegaron a ser hospitalizados manteniendo la línea, mientras el presidente Trump y su familia eran escoltados a un búnker. Los asaltantes en aquella ocasión no alcanzaron su objetivo sólo porque enfrente no tenían a la Policía del Capitolio a las órdenes de Pelosi. Pero aquello no justificó ira ninguna en la izquierda ni se excluyó de las redes sociales a ninguno de los promotores y el BLM no sólo siguió considerándose un movimiento pacífico por los derechos civiles, sino que se expandió hasta lograr destruir los centros de las ciudades de medio Estados Unidos, con el aplauso de la izquierda y la solidaridad de los triunfitos de todo el mundo.
La información tiene ese poder. Qué se presenta al público y cómo se presenta tienen una capacidad enorme de manipulación, especialmente sobre un ciudadano medio que no tiene tiempo ni incentivos para estar rastreando información en varios medios. Ese ciudadano medio que generalmente acaba decidiendo las elecciones y cuyo voto depende de cómo le va a él y a los suyos y de lo que pilla en un telediario aquí y allá y en las noticias que le llegan a su WhatsApp y Facebook, porque Twitter no tiene. Que se haya exagerado hasta la náusea el papel de Cambridge Analytica en las elecciones de 2016 no significa que el monopolio izquierdista sobre las principales formas que tiene la gente de informarse no desempeñe un papel crucial. Biden ha ganado gracias a eso, no les quepa duda. Y en España el control de la izquierda sobre los medios es si cabe aún más asfixiante.
Internet fue al comienzo un oasis. El gran descenso en las barreras de entrada permitía que muchas voces antes acalladas tuvieran un lugar donde expresarse y, lo que es más importante, ser escuchadas. El monopolio de los grandes medios sobre el discurso público parecía a punto de romperse: que los blogueros llegaran costarle la cabeza a toda una institución de la televisión como Dan Rather por mentir a favor de los intereses del Partido Demócrata aparecía ante nuestros ojos como un punto de inflexión. YouTube, Facebook y Twitter fueron, al principio, una herramienta aún más poderosa de lo que habían sido los medios digitales y los blogs, por la enorme facilidad con que permitían conectar con la audiencia. Sus propietarios aseguraban que la libertad de expresión estaba en su ADN, entre otras cosas porque sin ella no tendrían gratuitamente los contenidos creados por sus usuarios que les permitían ganar dinero de una forma u otra. Y todo el mundo los usó en masa, para ver cómo, a partir sobre todo de 2016 y la elección de Donald Trump, aquel contrato empezó a romperse.
Habían ganado los malos. Aquello había que controlarlo de alguna forma. De ahí que las élites izquierdistas empezaran a presionar a quienes no dejaban de ser sus correligionarios, los dueños de las grandes empresas de internet, las Big Tech, para que aquello no volviera a suceder jamás. Y empezaron con esas tres grandes plataformas, donde de repente difundir tu mensaje seguía siendo igual de sencillo si eras de izquierdas, pero si por el contrario eras de derechas te encontrabas con desmonetizaciones de tus vídeos, suspensiones de cuentas o la invisibilización de tus contenidos, que seguían ahí pero que Google, Facebook y Twitter decidían ocultar al público general.
Soy el primero que durante décadas ha sostenido que la propiedad marca los derechos, y que es por tanto el propietario quien decide qué se puede y qué no se puede decir en su chiringuito. Pero incluso ese derecho tiene sus límites: un bar puede tener reservado el derecho de admisión, pero no negarle la entrada a alguien por ser negro, blanco, judío, católico, hombre, mujer, gay, hetero y/o transexual. Tampoco todas las censuras tienen la misma fuerza. No es lo mismo que Libertad Digital expulse a un comentarista de extrema izquierda o que el diario de Escolar haga lo propio con los de derechas a que lo hagan YouTube, Facebook o Twitter, que se han convertido en las plazas públicas donde tiene lugar la conversación en casi todo el mundo.
Aquí vendría entonces el argumento de algunos liberales dogmáticos, que ha cogido prestado la izquierda, como también el feminismo se apropió del argumento sobre la propiedad de nuestro propio cuerpo pero sólo para el aborto y no para la gestación subrogada. "Si no te gusta, construye tu propio Twitter", dicen los mismos que quieren prohibir a todas las demás empresas del mundo hacer casi cualquier cosa. Como si no fuera casi imposible enfrentarse a plataformas en las que ya estamos todos y luchar contra el temible efecto red. ¿Saben qué les ha sucedido a quienes lo han intentado? Que otras empresas les han negado la infraestructura necesaria para lograrlo. El caso de Parler es conocido: su app para móviles no puede descargarse en las tiendas de Google y Apple y su web desapareció al cortarle el servicio AWS, la filial de servicios de internet de Amazon. Menos sabido es que otras empresas como Okta o Twilio les cortaron también el grifo, lo que les impidió, por ejemplo, usar los SMS para verificar la identidad de sus usuarios. Otro tanto le ha pasado a Gab, al cual Visa le niega el acceso a sus servicios financieros, y recientemente hemos sabido que algunos usuarios no pueden registrarse porque varios servidores de correo electrónico bloquean sus mensajes, entre ellos los de verificación.
La izquierda no sólo está negando que la derecha pueda acceder en igualdad de condiciones a los servicios de más alto nivel, los YouTube, Facebook o Twitter, sino que también está impidiendo que cualquier posible competidor pueda siquiera dar sus primeros y tímidos pasos. Con estas medidas están rompiendo la necesaria neutralidad que debe guardar un servicio de infraestructura básica de la red. Algún idiota pensará que estoy pidiendo más regulación y que por ello debo romper mi carnet de liberal, pero incluir "ideología política" entre las causas por las que está prohibido discriminar a las empresas no creo que sea mucho pedir ni regular, la verdad.