Hace una semana tuve el honor de ser uno de los ponentes en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana –compartiendo mesa con Fernando Herrera y Antonio José Chinchetru, que quizá les suenen de algo–, lo que me permitió asistir con verdadero asombro a la conferencia del rector de la Universidad Francisco Marroquín, Giancarlo Ibargüen, en la que detalló el sistema según el cual se reparte el espectro radioeléctrico en Guatemala, ese que se emplea para la radio, la televisión, la telefonía móvil o las redes inalámbricas, y que parece inconcebible que pueda funcionar al margen del Estado. Pues resulta que sí, que puede.
Con la ley de 1996, Guatemala reservó algunas bandas de frecuencias para uso propio del Estado (radio de la Policía, etc.), para radioaficionados y para la comunicación vía satélite, que está regulada a nivel internacional. El resto se liberó. Como la Constitución otorga al Estado la propiedad del espectro radioeléctrico lo que se hizo fue expedir Títulos de Usufructo de Frecuencia (TUF) que otorgaban a su poseedor un certificado que se renueva automáticamente cada quince años y que le concede el derecho exclusivo de emplear una frecuencia determinada en un ámbito geográfico concreto.
Aquellos que ya poseían licencias, como las emisoras de radio y televisión, recibieron un TUF por cada una de ellas, y a partir de entonces cualquiera podía solicitar el suyo. Cuando alguien pide un TUF se abre un periodo en el que se esa pretensión se comunica públicamente para que otros puedan optar al mismo; si nadie lo hace se le cede gratuitamente, y si hay más pretendientes se hace una subasta.
El resultado es el que cabía esperar. Los propietarios de emisoras invierten más porque ya no tienen miedo de que un burócrata que no ha recibido el sobre mensual les retire la licencia. La competencia entre las compañías de telefonía móvil es feroz, pues saben que no existe un número limitado de licencias y que cualquiera puede ofrecer ese servicio con sólo pedir o adquirir los TUF necesarios. Durante esta década, Guatemala, siendo un país pobre de casi 13 millones de habitantes, pasó de tener 400.000 líneas a más de 10 millones. El país se ha convertido en un banco de pruebas de empresas como Qualcomm para investigar nuevos usos de las distintas frecuencias.
Desgraciadamente, Guatemala y El Salvador (que ha adoptado una legislación similar) son mercados demasiado pequeños como para que allí funcionen las economías de escala y resulte rentable lanzar determinados productos sobre ciertas frecuencias. Si gobiernos como el español siguieran esta vía, o la UE impusiera este mecanismo de otorgamiento de títulos de propiedad sobre el espectro radioeléctrico, empezaríamos a vivir una auténtica explosión de innovación en el uso del mismo. Pero no, aquí seguimos como siempre, iniciando procesos burocráticos para que, al más puro estilo soviético, el Estado decida qué se hace con un rango de frecuencias, como si pudiera prever todos los usos posibles que pueden hacerse con un pedazo del espectro. Y decidiendo además quién emite y quién no, con el lógico resultado de que Prisa tenga casi todas las frecuencias de radio y la izquierda las de televisión, en lugar de dejar que la sociedad se las componga por sí sola.