La libertad de expresión goza en España de buena salud, siempre que se tenga en cuenta que se rige por la ley del embudo. La que establece en su primer artículo "Toda para mí y ninguna para ti" y en el segundo, que el "discurso del odio" es por definición el ajeno y nunca el propio. Si introducimos esos condicionantes, entonces se entiende bien que se levante un clamor indignado ante casi cualquier sentencia que sancione excesos de la libertad de expresión y se advierta que esa libertad se encuentra gravemente amenazada en España.
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que enmienda la plana a la Justicia y al Constitucional españoles por condenar (a una multa, finalmente) a dos separatistas que quemaron una foto de los reyes en 2007 ha suscitado el tal clamor y la tal advertencia. Se han escrito los correspondientes editoriales y artículos para colegir que la sentencia de Estrasburgo viene a ser una prueba –siempre una más– de la mala salud de la libre expresión en nuestro país. Y voces populares y populistas no han dejado pasar la ocasión para extender la idea de que aquí la mordaza es la ley y la ley, una mordaza, y que España se ha convertido en unos de los países donde más se persigue la libertad de expresión.
Me ha sorprendido, es un decir, que una de esas voces haya sido la del Follonero Jordi Évole, que es un tipo que suponía que decía lo que quería en sus programas de televisión y no ha tenido, que se sepa, ninguna cortapisa en su libertad de expresión. Pero al hacerse eco con campanillas de la sentencia de marras puso esta coletilla: "El TEDH va a tener que hacer horas extras con España". ¿Por amordazar la libertad de expresión o también por violar derechos humanos? No sabemos el alcance de lo que decía. Probablemente él tampoco. Pero debemos saber algo que él no sabe: España es uno de los países de la Unión Europea con menos casos en el Tribunal de Estrasburgo y con menos sentencias en contra. Évole podía haber consultado las estadísticas del Tribunal, que es lo que haría un periodista. Pero para qué buscar el dato. ¿Para que te estropee el rollito que llevas de que esto es como una dictadura? Anda, ya. El éxito del populismo político y periodístico está directamente vinculado a su inmensa capacidad para ignorar o distorsionar la realidad.
Más preocupante es lo de Amnistía Internacional. Ha puesto en marcha una petición para que se derogue el artículo 578 del Código Penal, que penaliza el enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo y los actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo. Pedir la derogación de ese artículo es legítimo; pero hacerlo, como lo hace, bajo el epígrafe de que "la libertad de expresión en España está bajo amenaza" ya es otra cosa. Afirmar, como afirma, que vivimos una situación en la que "muchos artistas" se encuentran bajo la espada de Damocles de la cárcel o las multas, y en la que se aplica la autocensura por "miedo a sufrir la represión", abunda en una exageración distorsionadora, a punto del falseamiento.
Para difundir la petición, Amnistía ha puesto tuits que dicen: "Tuitear no es terrorismo, rapear no es terrorismo, actuar no es terrorismo". El mensaje induce a pensar que el artículo 578 del Código Penal dice, implica o sugiere que tales cosas son terrorismo. Eso no es verdad. Ni lo dice ni lo implica ni lo sugiere. Lo que olvida esta ONG es que el apoyo al terrorismo, su justificación o su glorificación, difundidos en medios públicos, como las redes, contribuye a la radicalización, sobre todo, de jóvenes, y por lo tanto al terrorismo. Así lo remarcaba uno de nuestros principales expertos en terrorismo, Fernando Reinares, en respuesta al mensaje de Amnistía. No hay que demostrar el papel de las redes en la radicalización y el reclutamiento para grupos yihadistas: ya se ha demostrado. Amnistía, por lo visto, no lo sabe o hace como que lo ignora.
La libertad de expresión en España tiene límites, como en cualquier otra democracia. La penalización por traspasarlos puede caer en excesos, pero el procedimiento judicial da la posibilidad de corregirlos. Y si no, a Estrasburgo, como los que quemaron la foto del rey, que son, sin saberlo, continuadores de aquellas quemas en efigie que se hacían en los autos de fe. Al que dude de la salud de la libertad de expresión en España, le bastaría darse una vuelta por Twitter para comprobar hasta qué punto la libertad de ofender se usa sin otra consecuencia que la de recibir la debida respuesta.
Cada día, por no decir cada minuto, se lanzan en Twitter ataques, insultos, ofensas y groserías, al igual que linchamientos organizados. Serán desagradables, pero a mí, al menos, me compensa ver aquello que los matoncitos tuiteros revelan sobre sí mismos. Tuve un caso hace unos días, a cuenta de mi oposición a la huelga feminista. Me sirvió para confirmar lo que sospechaba. A ciertos gallitos de la órbita podemita les pone tanto humillar a las mujeres que aprovechan para hacerlo –o intentarlo– con adversarias políticas. Saben que para eso tienen impunidad. Lo dicho: la ley del embudo.