El Partido Popular se muestra ahora favorable a devolver al Estado la competencia en educación. Las competencias educativas serían de ámbito nacional y las comunidades autónomas se dedicarían a administrarlas, dijo Casado en una de las explicaciones de la propuesta. Hay que detenerse en ese "ahora": ahora que el PP está en la oposición; ahora que tiene competidores en la derecha; ahora que tiene un nuevo líder y ahora que ese nuevo líder se esfuerza por establecer diferencias con el PP gubernamental. Fue un Gobierno de UCD el que transfirió la educación a las comunidades autónomas, pero el PP nunca se había manifestado abiertamente en contra. Hasta ahora. Hasta este giro, sólo un partido con representación parlamentaria había propuesto que la competencia educativa estuviera en manos del Estado. Fue UPyD.
Los motivos de este giro son, como suelen serlo en política, fruto de la nueva situación que afronta el PP y de la nueva corriente de opinión que ha surgido después del golpe separatista. Anomalías que existen desde hace años, como el adoctrinamiento en la escuela o la expulsión del idioma español de las aulas, suscitan un rechazo mayor desde que quedó a la vista el grado de deslealtad al que son capaces de llegar los Gobiernos autonómicos nacionalistas. Pero, sean cuales sean los motivos y las circunstancias, la propuesta merece considerarse por sus propios méritos. Incluso una propuesta meramente oportunista puede ser una buena propuesta.
La cuestión interesante es que no parece que vaya a ser posible. No tiene pinta de que se vaya a poder hablar seriamente de la posibilidad de que la competencia en educación sea del Estado. Lo mismo ocurriría si fuera la sanidad. Exactamente igual. Porque el tema, en estos casos, no es quién puede gestionar mejor tal o cual competencia, sino, ¡horror!, la recentralización. La discusión gira ipso facto en torno a si queremos volver a un Estado centralizado o no. Y cuando se dice volver, como cuando se usa el término recentralizar, ya se sabe qué se está diciendo. Se está diciendo Franco. ¿Se podrá debatir de algo en España sin Franco?
De momento, no. Y, de ese modo, no hay debate posible sobre el reparto de competencias. No se puede discutir el principio de que todo está mejor en manos de las autonomías, porque discutirlo levanta enseguida un artificioso temor al regreso del Estado franquista. Un temor prefabricado que sirve para impedir la discusión racional sobre el asunto. Y detrás del cual se parapetan intereses transversales. El establishment político autonómico no suele estar dispuesto a reducir sus zonas de poder. Zonas que le permiten, entre otras cosas, controlar instrumentos tan importantes como el empleo público y ampliar el propio tejido administrativo. Tocar eso es tocar lo más sagrado. ¡Son las cosas de comer! El grito contra la recentralización, con todo lo que evoca, convierte en sacrílega –por franquista– cualquier pretensión de modificar, a favor del Estado, el statu quo del reparto.
Esto es lo hay, como suele decirse. Revela que la atribución de competencias no se considera en términos de pura administración, sino puramente políticos. Más aún: puramente nacionalistas. Significa dar por supuesto que el Estado Autonómico no obedece a la idea de acercar la Administración a los ciudadanos, como tantas veces se repite, sino a la idea de encauzar a los nacionalismos disgregadores. Una cosa es que los constituyentes quisieran eso y otra, que tengamos que guiarnos siempre por aquel deseo frustrado. El reparto de competencias ha de guiarse por criterios de funcionalidad. Y de respeto a la ley. Lo cual incluye la vigilancia necesaria para garantizar que esos criterios se cumplen.
La propuesta del PP habrá que verla en detalle, pero de entrada aparece una objeción. Cómo va a garantizar que el Estado y, en definitiva, los Gobiernos centrales se vayan a comportar de manera distinta a las autonomías en materia educativa, cuando los Gobiernos centrales son los que han consentido los abusos y deslealtades que ahora, recién ahora, descubrimos y rechazamos.