En su toma de posesión, la ministra Meritxell Batet pronunció las palabras mágicas. Hay que recuperar la palabra, dijo, especialmente con Cataluña. La coletilla que añadió, metiendo a todas las comunidades autónomas en el mismo saco, no le quitó, sino que le dio más relevancia a la mención expresa. Mientras Batet hablaba en términos celebratorios de la importancia del diálogo, a la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que estaba justo detrás, la sonrisa de circunstancias se le transformó en sonrisa irónica. Era Operación Diálogo 1 contemplando con sarcástico regocijo el advenimiento de la Operación Diálogo 2. Si yo te contara.
Bien mirado, no es que Batet pronunciara las palabras mágicas. Tanto la promesa de diálogo especial, que traducido significa bilateral, como el resto de ofertas que ha dirigido la ministra al independentismo catalán parten de una creencia tan irracional como peligrosa en la magia de las palabras. En la magia de la palabra hablada: diálogo; y en la magia de la palabra hecha ley: reforma constitucional y recuperación del Estatut. Sólo desde ese mundo mágico, en el que también moró el presidente Zapatero, se puede pensar en un retorno al Estatut anterior a la sentencia del TC como bálsamo para calmar los ardores separatistas.
La idea de que los limitados recortes que hizo el Constitucional en aquel estatuto fueron la chispa que encendió el movimiento separatista se halla tan extendida como otra paralela, e igual de equivocada, que sitúa el origen en la negativa de Rajoy a conceder el pacto fiscal que le exigió Artur Mas en 2012. El Estatuto fue una criatura de Maragall que adoptó un Zapatero proclive al adanismo de creerse en posesión de las soluciones definitivas a grandes y viejos problemas. La criatura no despertó, de entrada, el entusiasmo de los nacionalistas, estando como estaba destinada a las necesidades estratégicas de Maragall, pero aprovecharon el conflicto político que provocó para avanzar hacia las posiciones independentistas de forma cada vez más abierta.
Los socialistas deberían repasar la cronología de esta historia. Pásense por las hemerotecas. Observarán que en el referéndum del estatuto, en 2006, la participación no llegó al 50 por ciento. Verán que la movilización por el derecho a decidir empezó varios años antes de la sentencia. Comprobarán que, durante el tripartito de Montilla, los líderes convergentes, Mas entre ellos, ya hablaban de superar el marco autonómico. Constatarán que las primeras consultas populares por la independencia, conocidas como butifarréndums, se hicieron en 2009, un año antes de que el Constitucional, que ya era hora, dictara su sentencia. Claro que la sentencia sirvió a los nacionalistas para echar leña al fuego, pero el fuego ya estaba ahí. Y a ese fuego había contribuido, entre otras cosas, el reordenamiento político interno del nacionalismo a raíz del Estatut.
El error no fue la sentencia que matizó el Estatut, sino el Estatut. No reconocerlo es el camino para tropezar dos veces en la misma piedra. Un camino de regreso al pasado, cuyo empedrado de intenciones dialogantes conduce a burlar la Constitución. Puede que los nuevos aprendices de brujo crean que es sólo una pasarela para posibilitar el retorno del nacionalismo catalán de su escapada, una ayudita en forma de oferta tentadora para que baje del monte donde se ha instalado. Sea como fuere, la magia de las palabras que se propone hacer el Gobierno de Pedro Sánchez con el separatismo catalán promete tener el efecto habitual de estos encantamientos: en lugar de reducir el problema, lo agrandan. Déjà vu.