No sabemos aún por qué se desplomó parte del paseo marítimo de Vigo, engullendo a cientos de personas que asistían a un concierto del festival O Marisquiño. Sin embargo, aún no sabiendo prácticamente nada de las causas, ya intuimos de quién fue la culpa: del otro. Lo sabemos a pesar de que ninguna de las administraciones en liza haya señalado con el dedo directamente a la otra: todavía estamos en la fase de las indirectas. Pero lo sabemos porque es lo habitual en estos casos. No hay accidente, catástrofe o desastre en nuestro país en el que un gobierno, sea local, autonómico o central, asuma de entrada y de lleno la responsabilidad. Para empeorar las cosas, a ese estéril juego de endosar la culpa al otro que practican los posibles responsables se le llama política.
Los detalles son conocidos. Una parte considerable de un paseo de madera, sostenido por pilotes de hormigón, se vino abajo cuando estaba lleno de gente durante el cierre de un evento que atrae a miles de personas a la ciudad. El derrumbe provocó que muchas personas quedaran atrapadas entre maderas rotas y que otras cayeran al agua. La diligencia del resto del público y de los servicios de emergencia logró el rescate de todos los afectados. No ha habido que lamentar víctimas mortales. Pero ese relativo alivio por haberse evitado las peores consecuencias no puede conducir a soslayar la cuestión capital sobre el estado en el que se encontraba la estructura del paseo.
Se encontraba y se encuentra, puesto que el paseo es más amplio y por él transitan a diario muchas personas, al tratarse de una de las pocas zonas de la ciudad por las que el público puede acceder al mar. De hecho, formó parte de un proyecto que se llamó así, "Abrir Vigo al mar", aunque se tratara de una apertura reducida. La obra, que supuso una remodelación y ampliación del pequeño paseo que había antaño, se hizo en los años 90. La pregunta importante es cuántas veces se ha examinado desde entonces el estado de la estructura que lo soporta. Cuántas pruebas se han hecho de su capacidad para soportar carga. Y no preguntaré si se hizo alguna justo antes del evento porque es seguro que no se realizó. De lo contrario, a estas horas se sabría.
En la zona tienen competencias tanto Puertos como el Ayuntamiento, y como uno está en manos del PP y el otro del PSOE, la guerra entre administraciones está poco menos que declarada. Si el espacio afectado por el derrumbe es portuario o si es al Ayuntamiento a quien corresponde mantenerlo es el punto en discordia. Lo es porque de ello depende la atribución de responsabilidad. El asunto tendrá que aclararse, cosa complicada cuando hay una disputa partidista de por medio. Pero es un asunto que merece considerarse de forma más general. Por una razón: los gobiernos, especialmente los locales, están tan inclinados a invertir en obra nueva como poco inclinados a invertir en el mantenimiento de esas obras una vez que pasa el efecto novedad.
El motivo es simple y perverso. Mantener las infraestructuras existentes no ofrece las oportunidades publicitarias que brinda la inauguración. En términos puramente electorales, hacer obra nueva resulta más rentable que conservar en condiciones las antiguas. ¡Y a eso también se le llama política! Igual que a la guerra entre administraciones gobernadas por partidos rivales. Unas guerritas que, en el caso de un accidente, sólo aseguran dos tristes resultados: no se hace una investigación verdaderamente independiente y los ciudadanos no logran saber de modo concluyente qué es lo que falló y quién falló.