Tres días después de pifiarla en Castilla y León, la clique dirigente del PP nacional desencadenaba, filtraciones mediante, la gran ofensiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. La elección del momento es reveladora. No obedece sólo a que las autonómicas aconsejaran un alto el fuego en la batalla que se libraba. Lo esencial es que los resultados, lejos de reforzar a la cúpula nacional, la han debilitado. La jugada maestra del adelanto electoral resultó una monumental metedura de pata. Sus autores quedaron al descubierto como un grupo de torpes aficionados. Ambiciosos e inexpertos: mala combinación. La lógica que trasluce la hora elegida para atacar es la lógica de los perdedores.
Esta ofensiva sucia, como todas las que proceden del enemigo interno, se prepara durante meses. Así lo han reconocido, al admitir que desde el otoño tienen noticia del contrato supuestamente irregular que ha servido de pretexto. En cierto modo, lleva razón el PSOE cuando pregunta por qué no lo denunciaron antes. Ah, no era el momento. Es posible que de haber logrado el PP la cuasi mayoría absoluta que confiaba en sacar en Castilla y León, los planes de la ofensiva se hubieran guardado en un cajón. Un triunfo sonado habría dado oxígeno a Casado y Egea. Pero una victoria con cara de derrota ha tenido un efecto asfixiante. Es la reacción del perdedor, cuando al percibir que está en serio peligro se lanza desesperado al ataque. Un ataque contra quien creen que puede quitarles el puesto.
A pesar de los largos preparativos, el gran golpe se ha desatado sin el elemento que tiene que acompañar a este tipo de acusaciones: las pruebas. Aunque, para qué engañarnos, no son imprescindibles. Como se ha demostrado tantas veces, basta el golpe de efecto de una acusación brumosa, elevada a certeza por los titulares, para hacer mella. Hay que suponer que en la dirección nacional esperaban cancelar a Ayuso con la simple salpicadura de fango. Y con el más peregrino juicio de intenciones. Porque dicen que tenía prisa por ser presidenta del PP de Madrid para "blindarse" o "protegerse" de las denuncias de corrupción. ¿Desde cuándo presidir un partido regional o nacional le blinda a uno frente a la corrupción? ¿Es que la fiscalía o los jueces deciden no investigar casos de corrupción cuando implican a presidentes de partido? Es pura broma.
Tras la torpeza del diputado Casero, el fiasco en Castilla y León ha sido el detonante. Viendo todo esto, los barones regionales, que son a fin de cuentas los que están en el poder, se han tenido que preguntar si en Génova 13 hay vida inteligente. Después de esta operación de acoso y derribo contra Ayuso, tan malintencionada como chapucera, lo suyo es que estén pensando en alternativas.