Se acaba de publicar, como quien dice, un manifiesto de 235 académicos e intelectuales de distintas nacionalidades y regiones pidiendo que el Gobierno catalán y el Gobierno español, por este orden, acuerden "una ronda de negociaciones a fin de estudiar y pactar medidas que ayuden" y todo lo demás que es bien sabido. La pieza se publicita con los nombres de firmantes como el periodista Iñaki Gabilondo, Manuela Carmena, Noam Chomsky, Slavoj Zizek o Manuel Rivas. En el extraordinario popurrí están Gianni Vattimo, Anthony Giddens y Steven Pinker, y hay columnistas de La Vanguardia. Como viene siendo norma últimamente, y norma de agradecer, el manifiesto es breve, brevísimo, apenas 365 palabras en la versión en español, que seguramente la ha hecho un traductor automático. Pero lo que no ha habido en esa brevedad es un hueco para la verdad.
El escrito parte de una increíble omisión. Preocupados, al parecer, porque después de la sentencia del Supremo contra los sediciosos (a los que no llama así) haya altercados con la policía en las calles de Cataluña "por primera vez desde el inicio" del "procés soberanista", los firmantes dicen que el Gobierno autonómico catalán ha pedido de forma reiterada una negociación con el Gobierno español y que esa petición no se ha atendido. De lo cual se deduce que mal, muy mal por parte del Gobierno español, que cierra la puerta en las narices a los dialogantes. En cambio, no se deduce de ninguna parte del texto algo que es notorio y está perfectamente documentado: esos altercados que deploran los firmantes los ha alentado el Gobierno autonómico catalán. Es de ahí, de ese Gobierno, de donde han partido los llamamientos a protestar y a apretar en las calles contra la sentencia del Supremo.
No se deduce, sino que se oculta. No vamos a suponer que los 235 firmantes son todos unos perfectos ignaros y firman manifiestos sin tener ni la más remota idea del asunto. Pero tanto si se ignora como si se esconde, omitir que es el Gobierno catalán que pide negociación el que ha impulsado los disturbios, y aún más, que ese Gobierno se ha resistido a condenar la violencia –lógico, ya que la ha instigado–, invalida el manifiesto. Lo invalida como manifiesto de intelectuales y académicos y lo valida como instrumento de propaganda firmado por personas a las que en la jerga comunista se llamaba, con perverso realismo, "tontos útiles".
Se oculta una verdad relevante cuando se presenta la violencia que ha habido, y todavía hay, como resultado de una "tensión social" que de algún modo, de forma espontánea, ha derivado en altercados y se evita presentarla como el resorte deliberadamente utilizado por el independentismo en el Gobierno catalán para tensionar, violentar y forzar. Para lograr, mediante el uso de esa fuerza, su objetivo político. Objetivo que ahora mismo es idéntico al que predican estos firmantes: una mesa de negociación con el Gobierno central.
En sus magras líneas, el manifiesto reúne gruesos tópicos. La judicialización, por ejemplo. El conflicto: aunque en algún punto del texto lo ponen entre comillas, quizá lo único correcto del texto. O el implícito de que el Gobierno autonómico catalán es el genuino representante de la voluntad de todos los catalanes, colectivo del que hacen desaparecer a la mitad o más que no son separatistas ni votan por ellos. Nada nuevo bajo el sol. En realidad, lo único que llama la atención de este manifiesto es que coincida su difusión con el anuncio de las exigencias que hace Esquerra Republicana para apoyar la investidura de un Gobierno de Sánchez e Iglesias. Exigencias que se resumen en la misma extorsión que piden los firmantes: una mesa de negociación. Hubiera sido preferible que, en lugar de 365 palabras, pusieran sólo cinco, más los signos de exclamación: ¡Hagan lo que dice Esquerra! Y debajo, la recompensa que se obtendrá al hacerlo: Así habrá un Gobierno progresista.