El bloque de la moción de censura, que es la auténtica coalición gobernante, no se ha cortado un pelo a la hora de descalificar el discurso de Felipe VI en Nochebuena. Sólo los socialistas, sólo en apariencia, brindaron un apoyo, pero uno que fue tibio y bífido. No en vano Narbona, la encargada de administrarlo, dejó caer que el partido de Sánchez cree que aún queda mucho por hacer para que la Monarquía sea “una institución del siglo XXI”. Y es que la presidenta del partido, como tantos, confunde antigüedad con estar anticuado. Sea como sea, y cualquiera que sea el significado de la pertenencia al siglo XXI, que a mi manera de ver no es ninguno más allá del descriptivo –estamos en ese siglo–, es una lástima que el PSOE, que suele presumir de centenario, no se aplique el cuento. El cuento de la transformación o aggiornamento, aunque hay renovaciones que empeoran.
La cuestión interesante es que unos y otros, los del bloque, han dado en presentar las irregularidades y corruptelas que se investigan del Emérito como un problema del Rey y sólo del Rey. Como asunto, dilema o conflicto que corresponde al Rey en exclusiva abordar y resolver. Como si el Rey y la Casa Real fuesen un partido político que debe encarar, por sí solo, las consecuencias de los eventuales negocios turbios de un líder ya retirado. De ahí la insistencia, eso sí, puramente oportunista, con que exigían que Felipe VI hablara del caso y se distanciara, de forma explícita, de la figura de Juan Carlos. Insistencia que prescindía de las ocasiones en que ya lo ha hecho, aunque era un olvido deliberado. El objeto de su marco discursivo es focalizar en el Rey, y sólo en él, el problema que supone Juan Carlos.
En el PSOE han aprendido a decir que una cosa son las instituciones y otras las personas que las representan. Y algo es algo. Es importante establecer que hay una responsabilidad individual, la del Emérito, pero que esa responsabilidad no se traslada a su sucesor al frente de la institución. No obstante, les queda por dar un paso. Porque las instituciones de un país no funcionan cada una por su lado. No son unidades aisladas e independientes, sino piezas interrelacionadas. Los efectos –y las causas– de la conducta irregular de quien representa a una institución afectan al conjunto. Y los asuntos turbios del Emérito interpelan especialmente, aparte de al propio Emérito, al Poder Ejecutivo, a los Gobiernos. En España no manda el Jefe del Estado, manda el Gobierno.
Curioso que la gran cacería contra la corrupción política, iniciada cuando la crisis, haya acabado en esto. No por casualidad, ciertamente. Pero el caso de Juan Carlos no es la sorprendente excepción en un país de honrados y probos dirigentes. Y, sin embargo, no se ha reformado prácticamente nada. Hubo una catarsis emocional, y poco más. Ni siquiera se ha hecho la mil veces prometida reforma de los aforamientos de los políticos. Ahí quedó, atascada en las Cortes disueltas, y nadie ya se acuerda. El bloque de la moción de la censura, que es la coalición gobernante, ha conseguido que sólo interesen las corruptelas de Juan Carlos I y que se vean como un problema exclusivo de Felipe VI. Si su primer propósito es cargarle la responsabilidad al Rey, el segundo es cargarse la Monarquía.