Hace un mes, la izquierda sermoneaba sobre los peligros del "populismo punitivo". Nunca, nunca, decían, había que legislar en caliente. Convenía, por el contrario, alejarse del foco emocional. No se podían hacer reformas penales bajo el influjo de una pulsión irracional. De ningún modo había que regirse por unos sentimientos que, siendo tal vez comprensibles, nos conducían de regreso a tiempos oscuros. Era del todo improcedente guiarse, en materia penal, por la demanda social que surgiera en trances marcados por sucesos dramáticos y crímenes execrables. Frente a esa demanda, era preciso recordar que una de las conquistas del Derecho Penal moderno consistía en que la respuesta sancionadora viene fijada por el Estado. No la podía fijar el deseo de castigo de una opinión pública excitada por las características repulsivas de un crimen concreto.
Teníamos, decían, uno de los códigos penales más duros en la regulación de las penas privativas de libertad. No tenía ningún sentido endurecerlo. Estaba fehacientemente comprobado que el endurecimiento punitivo no contribuía a combatir la criminalidad de manera eficaz. Había que tener meridianamente claro que la finalidad de las penas no era castigar, sino reeducar y resocializar. La reinserción era la única finalidad admisible, la única digna de un Estado moderno, la única que diferenciaba a un país civilizado, en el que se imparte justicia, de uno primitivo en el que se sacia la sed de venganza.
Ya llegó con el sermón. He usado argumentos que realmente se dieron al hilo de la polémica sobre la prisión permanente revisable. Fue hace sólo un mes. No hay que rebuscar mucho para encontrarlos. El problema de esos sermones es que sus autores tendrían que aplicarlos prácticamente enteros al furor que ha desatado la sentencia contra la Manada. No lo harán. Es más, los políticos que esgrimieron todos o algunos de esos argumentos hace treinta días están ahora, como una sola mujer, en el campo contrario.
Los que antes veían una plebe excitada a la que había que meter en la mollera que tenía que alejarse de sus emociones y pulsiones punitivas ahora no ven una sola gota de eso en los enfurecidos por una sentencia que no califica ni castiga un delito lo suficiente. Al contrario, les dan toda la razón. Al contrario, se unen a los enfurecidos en su rechazo a la sentencia y hasta en su demanda de castigo a los jueces que la dictan.
Lo sucedido, en resumen, es esto: las actitudes y demandas en materia penal que hace sólo un mes tachaban de irracionales y vengativas han pasado a ser actitudes y demandas justificadas que muestran una legítima indignación social. El repudio del "populismo punitivo", ya lo veíamos venir, depende del caso. Depende, para ser precisos, de las agendas políticas del momento. Tan del momento, que toda una serie de políticos y políticas se olvidaron durante años de cómo estaban definidos en el Código Penal los delitos de agresión sexual y de abuso. Por ejemplo, Soledad Murillo, que fue secretaria de Igualdad de Género en el primer Gobierno de Zapatero, dijo sobre la sentencia contra la Manada: "Si cinco personas que arrinconan a una chica no es agresivo, la pregunta es qué falla en el Código Penal". Y lamentó que "la diferencia entre abuso sexual y violación depende de que grites y de que te resistas", cuando los manuales antiviolación recomiendan no ofrecer resistencia para evitar daños mayores.
La pregunta es qué falló para que Murillo y otras feministas oficiales, que tuvieron responsabilidades de Gobierno, no detectaran ese posible error del Código Penal. ¿Por qué, si es un fallo tan evidente, no lo cambiaron? La respuesta está en la política, en la suya: relegaron la problemática de las agresiones sexuales más comunes para centrarse en la joya de su agenda, la Ley contra la Violencia de Género, que trata de la violencia ejercida contra la mujer en el ámbito de la pareja. Se han acordado del Código Penal ahora. Ahora. Cuando casos como el de la Manada, y el éxito del movimiento #MeToo, traen de vuelta al plató de la actualidad las agresiones, abusos y acosos.
Hay agendas políticas que son como las veletas. Y al mal tiempo, mucha cara. En lugar de reconocer alguna responsabilidad política, tenemos lo habitual: se carga el mochuelo a los jueces de Pamplona y andando. En eso están. Incluido el Gobierno, que a través del ministro de Justicia ha puesto en la picota a un juez. A ver si sirve de chivo expiatorio. Indignante.