No hay nada como el texto. Los separatistas catalanes, el Gobierno autonómico catalán, llevan años anunciando urbi et orbi sus planes de secesión, con diferentes hojas de ruta, con distintas fechas, con unos u otros compañeros de viaje, pero con una estación término clara: la ruptura con España, sí o sí. No se puede decir que no lo pusieran negro sobre blanco. Prepararon papeles, una montaña de papeles, bajo la batuta de un Consejo Asesor para la Transición Nacional, presidido por el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver. El Consejo se creó en 2013 y su opus magnum, publicado un año después, es un Libro Blanco que reúne los informes sobre todo lo que usted quiera saber en más de mil trescientas páginas: desde cómo será la política monetaria del futuro Estado catalán hasta cómo se solventará el abastecimiento de energía y agua.
Todo anunciado y todo por escrito. Todo menos el día y la hora, que esto se reserva, porque depende. Y, sin embargo, no ha sido hasta la aparición, el otro día en la prensa, del borrador de una autodenominada Ley de Transitoriedad Jurídica que se han encendido luces rojas en las dependencias oficiales del siempre malvado pero a ratos somnoliento Madrit. El heroico Gobierno se ha despertado de la siesta y ha activado la retórica de los grandes desafíos. Tan brusco fue el despertar que incluso Rajoy se muestra enfadado. En lugar de fumarse tranquilamente ese puro legendario suyo, lo ha roto con ademán de cabreo. Vale, bien, pero ¿qué esperaban? Esto estaba más anunciado que en el sobado título de García Márquez.
Nada tiene el borrador de Puigdemont de sorprendente. Si acaso, la chapuza. Aunque no hay otra forma de hacer lo que quieren hacer los separatistas que no sea la chapucería elevada al cubo. Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política, lo calificó de "proyecto disparatado que no tiene pies ni cabeza". Un "horror jurídico", dijo Joan Botella, decano de la Facultad de Política de la Autónoma de Barcelona y presidente de Federalistes d’Esquerres. La catedrática de Constitucional Teresa Freixes escribía en un interesante artículo lo siguiente:
Mayor chapuza jurídica es inimaginable. De forma similar a lo que dispuso en su día la Ley Habilitante alemana de 1933, que permitió al nacionalsocialismo subvertir el régimen de Weimar sin derogarlo oficialmente, la Ley de Transitoriedad jurídica habilita falazmente a saltarse la Constitución, el Estatut de Autonomía de Cataluña y la legislación española.
El borrador se llamará ley, pero de ley no tiene más que el nombre. Lo que plantea es un falaz de la ley a la ley: sin otro fundamento que el porque yo lo digo. La denominada disposición final causa sorpresa, sí, aunque por su descaro: la independencia se proclamará cuando el referéndum la haya ratificado, pero si se ponen obstáculos al referéndum se proclamará de inmediato. Esta disposición final es, en realidad, la disposición desde el principio. Pone sobre el papel el principio de lo haremos como sea.
Jurídicamente no tiene un pase. Es inconstitucional de cabo a rabo. Como tantas otras cosas que ha venido haciendo la Generalidad catalana. Ninguna novedad, en su proyecto de control de los medios, la lengua, los jueces. ¿Recuerdan cómo acusaban a España de carecer de separación de poderes durante el proceso por el 9-N? En el borrador de Puigdemont, lo del entierro de Montesquieu se resuelve rapidito: al presidente del Supremo lo nombra el presidente de la Generalidad, al fiscal general lo nombra el presidente de la Generalidad. ¿Para qué andarse con medias tintas? Pero dejemos el borrador porque borra. Borra el sentido de la realidad. Es como cuando en el 9-N las teles, todas, informaban a pie de urna de cómo iba el referéndum que no era referéndum. La ilegalidad parecía legal.
Habrá decenas de conjeturas sobre cuál es el significado político de ese borrador y de otros movimientos de los separatistas. Si van en serio o no, si lo harán o dejarán de hacerlo. Pero no conviene perderse en el tablero de ajedrez. Por perderse en él, hubo urnas, votos y votantes el 9-N. Como antes hubo años de espera, hasta que el TC sacó su sentencia sobre el estatuto catalán. Mientras en Madrit estén pensando en cuál será la siguiente jugada, ya la habrán hecho. ¡Sorpresa!