Siempre se dice que la violencia es inútil, que es estéril y no lleva a ninguna parte. Se ha dicho respecto del terrorismo, pero también como principio general que ha de aplicarse ante cualquier conducta violenta. Según tal desiderátum, el que recurre a la violencia para conseguir objetivos políticos no debe lograr nada de lo que se propone. Y no sólo eso. Se supone que, además, tiene que toparse con el rechazo unánime de las instituciones democráticas y la sociedad. Ojalá fuera así. A veces es así. Es así tan a menudo que bien puede decirse que no hay principio que valga. Gobiernos y sociedades ceden más ante la violencia de lo que unos y otras quieren reconocer.
La España en crisis se ha resistido al augurado estallido social, pero a cambio ha dado protagonismo –y respaldo– a grupos y personajes muy dispuestos a provocarlo. Son grupos que no se distinguen por su conducta pacífica. Son gentes que igual te convocan asaltos al Parlamento como te montan acosos a los diputados del partido en el Gobierno. Su popularidad le debe mucho a que los blancos de su cólera coinciden con los que están en la diana del descontento general. Pero los más conocidos, los más mediáticos, son los que recurren a formas de violencias de baja intensidad.
Uno de tales grupos, el que gestiona Ada Colau, ha declarado una tregua en eso de llevar insultos y amenazas, como si fueran pizzas, a domicilio, y ha proclamado que su campaña coactiva ha sido un éxito total. A mí me gustaría decir que han fracasado y que la opinión pública, los medios y la justicia han mostrado un rechazo firme y contundente hacia sus actos intimidatorios. Pero no es así. Bien al contrario.
Supongamos que esa plataforma se hubiera dedicado a recoger firmas, enviar cartas y mails a los diputados, convocar manifestaciones, pedir reuniones con los partidos y cosas así. Todo dentro de los cauces reglamentarios. Todo por las vías de protesta y de negociación que proporciona una democracia. Pues me temo lo peor. Me temo que, de haberse comportado con ese ejemplar civismo, ni hubieran abierto telediarios ni Colau sería asidua invitada en los platós. Que se hubiera hablado de ellos lo mismo, esto es, nada, que de los cuatro millones de firmas que recogió el PP contra el estatuto de Cataluña unos años atrás.
Qué más quisiéramos que la violencia no funcionara. La ejercida por los de Colau ha funcionado tanto que no se ha visto como violencia. Quizá sea ésa la prueba más notable de su éxito. Es decir, de un fracaso.