Noam Chomsky, James Galbraith, Yanis Varoufakis y académicos de todo el mundo han suscrito una carta que es un perfecto ejemplo de las fake news que ellos mismos denunciarían indignados si sus autores procedieran, digamos, de la alt-right norteamericana. Pero los autores de esta noticia falsa son separatistas catalanes y el país al que acusan de graves violaciones de los derechos humanos es el nuestro. España, ya se sabe. A juzgar por lo que han firmado, estos académicos la sitúan, si la sitúan en el mapa, no en la democracia, sino lejos y muy abajo, en la oscuridad de un franquismo eterno.
La carta va sobre el caso de dos politólogos y tres juristas (Jordi Matas, Tánia Verge, Marc Marsal, Josep Pagès y Marta Alsina) que fueron elegidos miembros de la Sindicatura Electoral para el ilegal referéndum del 1 de octubre por la mayoría separatista del Parlamento catalán. Los cinco ignoraron por completo los avisos que les hizo llegar el Tribunal Constitucional una vez que suspendió la convocatoria. Continuaron tomando decisiones hasta que el TC advirtió que les impondría una multa de 12.000 euros al día a cada uno si no abandonaban sus cargos. Entonces dimitieron, pero ya habían incurrido en ilegalidad, por lo que están procesados por desobediencia y usurpación de funciones, con penas que pueden llegar hasta los 2 años y 9 meses de cárcel.
Este es, sucintamente, el caso. La carta es otra cosa. Como es norma del separatismo, omite y falsea los hechos. El texto que está dando a firmar en círculos académicos afines o sensibles a sus encantos, bajo el sesgado título Stop the repression against university professors (Paremos la represión contra profesores de universidad) dice, dramáticamente, que esta es la primera vez en la Unión Europea en que "unos politólogos y juristas son amenazados por hacer su trabajo". Asegura que "actuaron a petición del Parlamento de Cataluña, que tenía un mandato legal válido". Y concluye que su procesamiento constituye una "flagrante violación de los derechos humanos". Para dar apariencia imparcial, introduce la salvedad de que
no nos pronunciamos en esta carta sobre la independencia de Cataluña, sino que condenamos firmemente la ilegalidad de encarcelar a alguien por sus ideas políticas.
El texto, en inglés, se encuentra en la web Help Catalonia. Democracy is under threat (Ayuda a Cataluña. La democracia está amenazada), en la que figuran los logos de organizaciones-pantalla del independentismo como Òmniun y Crida per la Democràcia. La web misma parece una web-pantalla. Es un mero escaparate de las firmas. La carta la ha traducido el blog Cita Falsa, cuyo autor tomó, además, la iniciativa de contactar con algunos de los firmantes. Es decir, lo que no han hecho representantes del Gobierno de España ni la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, a pesar de que de sus homólogas del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá mordieron el tramposo anzuelo.
Las asociaciones de los tres países no se contentaron con respaldar la falsa y meliflua carta separatista. Escribieron al presidente del Gobierno español para exigirle la retirada de los cargos contra los cinco acusados, a los que presentan en sus misivas como "observadores electorales imparciales". Es típico de las fake news: quienes las rebotan, las aderezan con falsedades nuevas. Lo interesante de este caso es que aquellos que se dejan engañar como pardillos no son los sospechosos habituales –los desinformados y poco formados o los "deplorables", que decía Hillary Clinton por no decir paletos–, sino que son profes universitarios, muchos de ellos especialistas en ciencia política.
El intercambio epistolar que ha mantenido el autor de Cita Falsa con algunos de los abajofirmantes no tiene desperdicio. Podrán leerlo completo en el blog, pero reproduzco una pequeña parte de dos respuestas.
Un profesor estadounidense de estudios ibéricos contesta airado:
¿Entiende usted, como lo entiende la mayoría de los que viven en Cataluña o conocen bien Cataluña, que la Audiencia Nacional es simplemente una versión con otro nombre del franquista Tribunal de Orden Público (...)? ¿O que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue diseñado por los juristas de Franco a fin de actuar como un cártel para, entre otras cosas, asegurar que ningún juez que estuviera abierto a una reorganización real de las relaciones territoriales y/o del poder intraterritorial en España pudiera llegar a una posición de poder significativa en la judicatura nacional?
Una profesora de economía de Polonia responde:
Por lo que veo, la Fiscalía española y el Tribunal Constitucional sólo tienen una respuesta para las reclamaciones catalanas: NO. Para mí, la Constitución española es una jaula bien diseñada por Franco, que es un ídolo para muchos españoles, por lo que yo sé. En la Unión Europea resolvemos esta clase de problemas de un modo democrático, con urnas. España conquistó Cataluña, pero la nación catalana no se ha asimilado, su identidad es suficientemente fuerte para sobrevivir. Yo represento a Polonia y mi país ha estado en una situación similar, controlado por Alemania, Rusia y Austria. Nosotros tuvimos más suerte, aunque Rusia no ceja. Sé que España nunca parará y nunca dejará que Cataluña se vaya sin violencia, como hemos podido ver hoy en Barcelona [el 21-D].
Este es el nivel. Franco, Franco y otra vez Franco. De ahí no salen (ni querrán salir). Habrá quien se tome este episodio –y estas piezas de museo del disparate– como una prueba más de la incapacidad española para ofrecer una visión actualizada y realista de España en el exterior. Pero es, ante todo, una evidencia de la incapacidad de estos académicos para librarse de sus propia caspa prejuiciosa. Son víctimas de la ignorancia de los que creen saber. Es una ignorancia que espanta a la vez que hace reír. Pero resulta demostrativa. El marketing separatista se dedica a vender por el mundo que España es franquista porque hay mucho sansirolé titulado dispuesto a comprar el producto.