Hace once días que un desprendimiento de tierras junto al vertedero de residuos tóxicos en la localidad vizcaína de Zaldibar acabó con la vida de dos trabajadores de la empresa encargada del citado vertedero. Desde entonces, el cúmulo de despropósitos –fundamentalmente, la falta de información a la población de las localidades cercanas, sobre las consecuencias para la salud de las partículas tóxicas que se esparcen por el aire debido al incendio no controlado en el interior del vertedero– ha sido una constante en la gestión de esta crisis por parte de los responsables institucionales.
Tuvo que ser la suspensión el pasado domingo del partido de fútbol Eibar-Real Sociedad, junto a las "recomendaciones" por parte de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco a los habitantes de Ermua, Eibar y Zaldibar de que no ventilaran sus casas, que los niños no salieran al patio de sus colegios y que no se hiciera deporte al aire libre, lo que colmó la paciencia de los ciudadanos y provocó que el pasado sábado hubiera manifestaciones de protesta por la confusa información facilitada por parte de las autoridades vascas.
El lehendakari Urkullu ha tardado varios días en reaccionar, y ahora se encuentra ante un conflicto social a las puertas de unas elecciones autonómicas –el domingo 5 de abril- que él convocó el pasado lunes. Para intentar paliar los efectos de esta crisis, el lehendakari ha presidido estos últimos días el comité de crisis creado a raíz del accidente y este martes comparecerá ante la Diputación permanente del Parlamento Vasco, para ofrecer explicaciones a lo sucedido.
¿Qué habría sucedido en cualquier otra Comunidad Autónoma –salvo las gobernadas por los nacionalistas- ante hechos similares a los acaecidos estos días en Zaldibar? Con dos cadáveres todavía por encontrar y desenterrar, con una población asustada por los efectos tóxicos de las partículas contaminantes que se propagan en la atmósfera; con una información confusa sobre las consecuencias del accidente para la salud de los ciudadanos, las peticiones de dimisión y la asunción de responsabilidades políticas hubiese sido un clamor.
En el País Vasco eso no sucede, porque el partido gobernante en la Comunidad Autónoma, PNV, durante treinta y siete de los cuarenta años transcurridos desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika parece tener bula. Demostrado ha quedado en este caso la pésima gestión de la crisis por parte de Gobierno Vasco, con su lehendakari al frente. Tampoco se libra de las críticas, el Consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, miembro del PSE, partido que gobierna en coalición con los nacionalistas.
Al menos, con esta crisis, se pone en entredicho ese mito, extendido sobre todo en el Madrid capitalino y mediático, de que el PNV es la encarnación de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Ha quedado claro que no es así y que ante una situación grave y de alarma social para una parte de la población vasca, la gestión ha sido nefasta. Pero como tiene de socio a un partido, el PSE, cuya matriz madre necesita del apoyo peneuvista en el Congreso de los Diputados, la sangre no llegará al río.
Seguramente, el PNV gane de calle las próximas elecciones autonómicas. Quedará cerca de la mayoría absoluta, y para completarla ahí estará el PSE. Mientras tanto, Bildu intentará sacar provecho de sucesos como el de Zaldibar, agitando la movilización en la calle –al igual que hizo la izquierda española cuando el chapapote en Galicia- pensando en consolidarse como la alternativa al PNV.
Ya lo dijo recientemente Otegui: "el eje vasco de izquierdas con el PSE y Podemos llegará antes de lo que muchos creen". Y como el constitucionalismo en el País Vasco está herido de muerte, el camino para ese frente de izquierdas, al igual que en Cataluña, está más expedito que nunca. El PNV sabe que ahora no es el momento, pero en las siguientes elecciones autonómicas dentro de cuatro años, el PSOE de Sánchez, Bildu, Podemos y ERC, si pueden, lo echarán del poder, para completar un capítulo fundamental –que los herederos de ETA gobiernen en el País Vasco- del proceso que empezó Zapatero en el 2004.
