A escasos treinta y dos días para la celebración de las elecciones generales más trascendentales desde la Transición, la mayoría de las encuestas publicadas en los últimos días coinciden en que Sánchez podría seguir en la Presidencia del Gobierno, aunque para ello necesitaría contar con los mismos apoyos que tuvo para sacar adelante la moción de censura: Podemos, independentistas catalanes, nacionalistas vascos del PNV y los amigos de ETA. Y a buen seguro que, si necesita esos apoyos, los tendrá, porque a todos esos grupos les une un objetivo común: la demolición del régimen constitucional del 78 para dar paso a una España que nada tendría que ver con la que ahora conocemos.
El bloque del centro-derecha, o vamos a denominarlo también el bloque constitucionalista, puede, según esas mismas encuestas, tener más votos que el otro bloque, pero menos escaños en virtud de la famosa Ley d’Hondt, que en su momento fue adoptada para favorecer el bipartidismo pero que, ahora que el abanico se abre y hay un gran número de candidaturas con posibilidades reales de conseguir escaños en una circunscripción, castiga sobremanera al tercero, y no digamos al cuarto y al quinto, en las circunscripciones con menor número de escaños.
En una situación de extrema gravedad como la que se plantearía si Sánchez consiguiese permanecer cuatro años más en la Moncloa, parecería lógico que el objetivo prioritario del PP, Ciudadanos y Vox fuera impedir democráticamente que el actual líder del PSOE pudiera seguir en la Presidencia del Gobierno. Para ello tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo preelectoral que aliviara ese efecto castigo de la Ley d’Hondt. Como el plazo de las coaliciones electorales ya ha pasado, la única posibilidad real que a día de hoy existe es que esos tres partidos se pongan de acuerdo para renunciar algunos de ellos, y según los lugares, a presentar candidaturas en esas circunscripciones pequeñas. Pero el sacrificio lo tendrían que hacer los tres, empezando por el más veterano de ese bloque, el PP; siguiendo por el que cree que ha llegado para regenerar la política, Ciudadanos, y acabando por el recién llegado al club con unas buenas expectativas electorales, es decir, Vox.
¿Será posible ese acuerdo de aquí a la víspera del día de las elecciones? No parece fácil, porque los intereses partidistas y los de los núcleos que rodean a los líderes de esas formaciones no suelen facilitar las cosas para ese tipo de entendimientos. Pero, de no hacer algo en esa dirección, lo que no deberían es cargar sobre los electores la responsabilidad de una decisión que tendrían que tomar ellos.
Si Sánchez consigue seguir cuatro años más en la Presidencia del Gobierno, entonces sí que se podría hacer realidad aquella famosa aseveración del ahora socialista crítico Alfonso Guerra: "A España no le va a conocer ni la madre que la parió". ¿Alguien duda de que, si sigue en la Moncloa, Sánchez hará las concesiones que sean necesarias a los independentistas catalanes, incluido el indulto a los políticos que están siendo actualmente juzgados en el Tribunal Supremo por intentar dar un golpe de Estado desde las Instituciones catalanas? Y, en ese contexto, ¿por qué no dar también satisfacción a las reivindicaciones independentistas que puedan llegar desde el País Vasco, Baleares o la Comunidad Valenciana?
El abismo que se abre con sólo pensar en la posibilidad que el actual presidente del Gobierno siga pilotando la nave de nuestra nación requiere el 28 de abril una gran movilización de los ciudadanos que quieren que España siga siendo España, y que los partidos que están en esa misma onda aparquen sus intereses partidistas y pongan por delante el interés superior, que no es otro que defender la unidad de España, la Constitución, la libertad y la igualdad.