Me refiero con el título de este artículo no tanto a los sufridos militantes o a los desconcertados votantes del PP, sino a los cargos públicos a diferentes escalas de este partido, a los que Rajoy, con su decisión de retirar el anteproyecto de ley de modificación de la actual ley del aborto les ha metido –utilizando la misma expresión del Presidente del Gobierno para referirse a la firma por parte de Artur Mas del decreto de convocatoria del referéndum en Cataluña- "en un lío".
El "lío" no es otro que el grave problema de conciencia que lógicamente la decisión de Rajoy tiene que haber producido en esos cargos públicos del PP que son y se sienten católicos. Porque esa decisión no es única ni principalmente un incumplimiento más del programa electoral con el que los populares se presentaron a las elecciones generales en noviembre de 2011.
Es mucho más: es una decisión que afecta a una cuestión tan relevante como el derecho a la vida de los no nacidos; un derecho que es anterior a todos los demás derechos. Es una decisión que permite que el aborto siga siendo contemplado en nuestra legislación como un derecho de la mujer, algo que en sí mismo choca con el más mínimo sentido común al que tantas veces suele apelar para otras cuestiones el presidente del Gobierno.
Los católicos que ocupan cargos públicos en el PP –desde los que se sientan en el Consejo de Ministros, pasando por diputados en el Congreso, senadores, parlamentarios autonómicos, Alcaldes o simples concejales- si son coherentes con la Doctrina Social Católica tendrían que estar planteándose a estas horas si merece la pena o no seguir en ese cargo público bajo las siglas de un partido que acaba de arrojar la toalla en una cuestión, nunca mejor dicho, vital. Y me da lo mismo –no sé que es peor- que esa decisión, Rajoy la haya tomado en base a las encuestas que le haya enseñado Pedro Arriola o a determinadas presiones de lobbies internacionales hábilmente manejados y vendidos ante el Presidente por su ministro de Asuntos Exteriores (incluida Cataluña), García Margallo.
En un lúcido y demoledor artículo publicado en ABC este pasado domingo, el Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, planteaba que tipo de presencia deben de tener los católicos en la vida política y desmontaba la tesis del "mal menor" a la que a veces se suelen aferrar algunos, con la afirmación de que "el tiempo ha demostrado que por el camino del "mal menor" se termina llegando al “mal mayor". Asimismo, el prelado donostiarra ponía el dedo en la llaga al plantear las dos siguientes interrogantes: “¿la ideología por encima de los valores morales?, ¿o los valores morales por encima de la ideología? No caben las componendas: hay que optar”.
Dos interrogantes, los de Munilla, que interpelan directamente a esos cargos públicos del PP que estoy convencido que en algunos casos se estarán planteando muy seriamente qué hacer, qué decisión tomar. Evidentemente esa decisión afecta la conciencia personal de cada uno de ellos y por lo tanto lo primero es respetar ese proceso personal. Pero para tomarla, no convendría que se hicieran demasiadas trampas en el solitario: este PP ha renunciado hace tiempo –y desde luego la decisión de retirar la reforma de la ley del aborto lo ha confirmado en todos sus extremos- a defender los valores morales básicos como el derecho a la vida del no nacido, dejando de esa manera huérfano a una buena parte de su electorado, al menos ese electorado que se siente y es católico.
Un católico no está en política simplemente para estar o para consolidar un estatus social o tener una forma de vivir. Aunque se repita por parte de algunos que la moral y las creencias religiosas son una cosa que afecta exclusivamente a la vida privada de las personas, eso no pasa de ser un intento de reducir la fe católica, por decirlo de una manera gráfica, a las sacristías. De sobra saben quienes defienden esa postura que eso no es así: un católico tiene el deber y también el derecho de conformar sus actuaciones, incluidas las públicas, en concordancia con los principios de la Doctrina Social Católica eso sí: sin imponer nada a nadie. Como dijo hace tiempo el Papa emérito Benedicto XVI: "la fe no se impone, se propone". Y en la cuestión del aborto, la posición de la Iglesia ha sido, es y será muy clara y nítida en favor del derecho a la vida del "nasciturus".
Por eso, algunos pensamos que la decisión de Rajoy de renunciar a reformar la actual ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero, debe de tener un coste, no sólo en votos, que lo tendrá, sino también en que los que dentro del PP se hayan sentido heridos o violentados en sus principios morales, lo manifiesten de la forma que consideren más adecuada, pero que no se callen. El silencio es en esta situación un síntoma claro de cobardía. ¿Qué se puede hacer?: los militantes darse de baja; los votantes dejar de serlo y los cargos públicos dar la batalla para cambiar las cosas desde dentro, cosa que a día de hoy tiene pocas posibilidades de prosperar debido al férreo control que ejerce el aparato del partido, o pueden, ¿por qué no?, presentar su dimisión. Todo, menos no hacer nada.