Nunca los votos de trece diputados de un partido republicano e independentista, al que la nación española le importa una higa, habían sido tan decisivos para la investidura de un presidente del Gobierno. Nunca un prófugo de la Justicia había tenido tal capacidad de condicionar la formación del Gobierno de España. Esa es la doble y penosa realidad en la que nos encontramos en estos momentos por mor de un partido, el PSOE, y de un candidato, Pedro Sánchez, que han decidido llevar al límite su apuesta suicida por un Gobierno letal para los intereses de la Nación y de los ciudadanos que la conforman.
Si el fugado de Waterloo aplica el "cuanto peor, mejor", es decir, hacer el mayor daño posible a la democracia española, lo lógico es que ordene a Torra que convoque elecciones autonómicas en Cataluña, lo que provocaría una situación muy incómoda a ERC. En ese supuesto, con las encuestas a día de hoy dándoles como claros vencedores, ¿se atreverían los de Junqueras a apoyar, por acción u omisión, la investidura de Sánchez? ¿No sería eso dar mucha ventaja a las huestes de Puigdemont, que tendrían muy fácil argumentar en la campaña electoral que ERC se ha vendido a Madrid?
Esa situación sí sería muy incómoda para los de Junqueras, salvo que Sánchez les dé todo lo que necesiten para salvar la cara ante su electorado. Y como con el actual líder del PSOE no se puede descartar nada, habrá que ver hasta dónde llega en la mesa de negociación con los independentistas republicanos que se pondrá en marcha esta misma semana. ERC ya ha puesto sus condiciones: negociación de igual a igual, de Gobierno a Gobierno y calendario para la amnistía de los políticos presos y el reconocimiento del derecho de autodeterminación.
Los palmeros de Sánchez, siempre dispuestos a echarle una mano, se acogen a la promesa de este –como si el valor de su palabra valiera algo después de lo visto en las últimas semanas– de que nunca negociará nada que esté fuera de la Constitución. La propuesta del PSC conocida este lunes ya marca el camino: reconocimiento de Cataluña como nación, reconocimiento de la plurinacionalidad de España y un acuerdo entre los actores catalanes y el Gobierno del PSOE-Podemos que conlleve una reforma constitucional, por lo que tendría que ser votado en referéndum por todos los españoles. Ahí está el cóctel perfecto elaborado por Iceta: nación, plurinacionalidad, Estado federal, reforma constitucional y la palabra mágica: referéndum. Lo de menos, para los Sánchez e Iceta, es pararse a valorar el enorme alcance político que tendría reconocer que Cataluña es una nación, lo que supondría en la práctica lo de la plurinacionalidad. Eso a Sánchez le da igual. Baste recordar que se quedó mudo cuando en el debate entre candidatos en las primarias del PSOE, Patxi López le espetó: "Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación?".
En la lógica de los hechos está que Sánchez conceda a ERC todo lo que este partido necesite para justificar ante su electorado e incluso ante el de Puigdemont un posible apoyo en la investidura del candidato del PSOE. El precio será altísimo. Esta situación, que es en la que se moverán en los próximos días y semanas los actores implicados, es dramática para el presente y el futuro de España. De salir adelante, supondrá el fin del régimen constitucional del 78. Nos encaminaremos hacia una segunda transición donde todo, absolutamente todo –Monarquía incluida–, será puesto en cuestión. Y eso será posible gracias a un partido, el PSOE, absolutamente rendido, sin ninguna capacidad de reacción, ante la apuesta suicida de su líder. Suicida para los socialistas pero, sobre todo, para España y para los españoles.