Algunos dirigentes políticos –el último, Cayetana Álvarez de Toledo– suelen decir, con razón, que el Estado lleva bastante tiempo ausente de Cataluña. Lo visto la pasada semana en Barcelona, pero también en Lérida, Gerona y Tarragona, no hace más que confirmar la triste realidad de que, prácticamente desde la Transición, el Estado ha dejado de existir en Cataluña, al igual que en el País Vasco. Los resultados, en ambos territorios, están a la vista de todos.
¿Cómo es posible –se preguntan muchos ciudadanos– que el presidente de la Generalitat, que es el máximo representante del Estado en Cataluña, siga en su puesto? ¿Cómo es posible que el Estado no haya tenido la voluntad, la decisión para destituir a este personaje que no ha condenado de forma tajante los actos de violencia, que no ha respaldado a las Fuerzas de Seguridad del Estado y que incluso animaba a la movilización ciudadana participando él mismo en las famosas marchas? ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Nación no haya puesto en marcha los mecanismos para destituir a Torra y ponerlo a disposición de la Justicia?
¿Cómo es posible que durante cinco noches seguidas se haya permitido una permanente violencia callejera en las calles de Barcelona, protagonizada por grupos violentos muy bien organizados? ¿Cómo es posible que se haya consentido el acoso violento a sedes institucionales y policiales, se hayan permitido barricadas, cortes de carreteras y la ocupación del aeropuerto del Prat?
¿Cómo es posible que el Gobierno de España haya estado prácticamente hasta el pasado viernes negando la gravedad de los hechos y repitiendo el irritante y en el fondo cobarde mantra de que iría actuando con proporcionalidad?
¿Cómo es posible que se haya dado la imagen de que los poderes públicos, con el Gobierno de Sánchez a la cabeza, dejaran solos ante el peligro a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han sido los auténticos héroes anónimos en estos trágicos y violentos días?
Todo esto ha sido posible porque ha habido una clara y evidente dejación del principio de autoridad por quien tiene la obligación y responsabilidad de velar por el mantenimiento del orden público; porque ha habido un déficit en la aplicación de la ley para, por ejemplo, separar al iluminado presidente de la Generalitat de su cargo. Y el máximo responsable de todo esto, aunque no el único, es el Gobierno de la Nación. Por supuesto que Torra tiene también mucha culpa de lo sucedido, pero que siga en su puesto es responsabilidad del Gobierno de Sánchez, porque medios para destituirle tiene. ¿Que el problema es que ahora no le viene bien al presidente en funciones aplicar el 155?
Toda la actuación del Gobierno de Sánchez –incluido el viaje propagandístico a Barcelona de este lunes– produce una enorme vergüenza, y es muy probable que tenga su coste electoral en las urnas dentro de tres semanas. Los ciudadanos de toda España están muy indignados tanto con lo que se ha visto estos días en Cataluña como con la insuficiente respuesta por parte del Gobierno de la Nación.
Ya está bien de cálculos electorales, de estrategias cortoplacistas, de negar la realidad, de intentar engañar a todo el mundo al mismo tiempo. La gente quiere que se aplique la ley, que nadie viva en la impunidad, que la calle no sea de los violentos, que la Policía tenga todos los medios para reprimir esa violencia. En definitiva, que el Estado de Derecho funcione. Pero para eso hace falta un Gobierno dispuesto a aplicar la ley. El actual ha quedado en estos días perfectamente retratado. Eso sí, está semana llevará a cabo la hazaña de exhumar a Franco –transcurridos 44 años de su muerte–, que como todo el mundo sabe es la gran preocupación de los españoles.