La lectura de la carta hecha pública este lunes por la familia de Canet de Mar señalada y amenazada por pedir y lograr que se den clases en español –el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decretado que sea el 25% del currículo– produce sentimientos encontrados. Por un lado, es de admirar el coraje, el valor y el arrojo de esta familia para decir lo que dice y hacer lo que hace. Por otro, queda en evidencia una anomalía muy grave en una democracia: un pilar fundamental del Estado –el Gobierno de España– no defiende y ampara a los ciudadanos que en Cataluña ven pisoteados sus derechos.
El problema de fondo que ha planteado la familia de Canet de Mar va mas allá de la exigencia de que su hijo de cinco años pueda recibir clases en español, haciendo eso compatible con la enseñanza en catalán. El problema tiene un nombre de ocho letras. Libertad. Un problema en el que se debaten las sociedades, como la vasca y la catalana, donde el nacionalismo gobernante no respeta los derechos y las libertades de los que piensan distinto. En el País Vasco, esa falta de libertad se agudizó con la existencia de un grupo terrorista como ETA, y en Cataluña, aunque también tuvo en su momento un terrorismo autóctono, el de Terra Llure, la asfixia de la sociedad ha sido provocada en mayor medida por el nacionalismo independentista en su conjunto.
Quien debería proteger y garantizar esa libertad, que es el Estado, falla y está ausente en el momento actual, al menos por lo que hace a uno de sus tres poderes, el Ejecutivo. El Gobierno de Sánchez está teniendo un comportamiento indecente en todo este conflicto. Con la boca pequeña muestra su apoyo a la familia de Canet de Mar, pero no pasa de una llamada telefónica de la ministra de Educación a su homólogo de la Generalitat, que ya debería estar siendo investigado a instancias de la Fiscalía General del Estado por sus manifestaciones a las puertas del colegio en cuestión. Pero, como diría Sánchez, "la Fiscalía… ¿de quién depende?" Pues eso.
Por todo ello resulta más admirable aún la actitud de la familia de Canet de Mar, que, ante los ataques y el señalamiento que sufre por parte de la Generalidad y la inacción del Gobierno nacional, ha optado por la única vía que le quedaba: defender sus derechos por sí sola. Lo dice en su carta de una forma tan clara como contundente:
Hay que dejar de tragar y tragar, y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantándose para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos.
Absolutamente ejemplar el planteamiento.
Hay otra cuestión de mucho calado en la misiva. Cuando los padres expresan su agradecimiento a otros padres del colegio que les han mostrado su apoyo, aprovechan para pedirles algo más:
Lo que nos decís en privado hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe, ¡queremos ser padres!, pero para que nuestra sociedad sea libre, debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos.
El nacionalismo excluyente –por naturaleza, todos lo son– tiene esa capacidad de silenciar, de atemorizar, de arrinconar socialmente a los que piensan distinto. Ha pasado y sigue pasando en el País Vasco, en Cataluña, y hay algunas manifestaciones preocupantes en otros lugares como Baleares y la Comunidad Valenciana.
Por eso la rebelión de esta familia tiene que ser la punta de lanza para que otros muchos sigan su ejemplo. Si quien tiene que defender tu libertad y tus derechos no lo hace, no queda otra que hacerlo desde la sociedad civil. Ya llegará el momento de ajustar cuentas en las urnas y colocar en su sitio a esos irresponsables que se han lavado las manos y han mirado para otro lado, porque les faltan principios y porque no quieren molestar a sus socios supremacistas que les apoyan en el Congreso.