Todos los crímenes de ETA han sido igual de crueles, de inhumanos, de horribles. Han sembrado el dolor, la desolación, la tristeza en las familias de cada una de sus 857 víctimas. Pero, siendo eso así, algunos atentados han tenido un mayor impacto social, bien por el cargo político de la persona asesinada –Carrero Blanco–, por el número de víctimas –Hipercor–, por la crueldad empleada –asesinato a cámara lenta durante 48 horas de Miguel Ángel Blanco– o porque hubiera niños entre las víctimas, como fue el caso de Fabio Moreno, de dos años de edad, que iba en el coche con su padre, guardia civil, cuando explotó una bomba-lapa que los terroristas habían colocado debajo del asiento delantero del vehículo.
El asesinato, en la madrugada del 30 de enero de 1998, de Alberto Jiménez Becerril, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y de su mujer, Ascensión García Ortiz, cuando regresaban a su casa después de haber cenado con unos amigos en un céntrico bar de la capital hispalense, forma parte de esos crímenes de ETA que conmocionaron de manera especial a la opinión pública. Ya no sólo porque Alberto fuera una persona muy conocida en Sevilla, sino porque a la crueldad del doble crimen se añadió que la banda terrorista dejó sin padres a tres niños, de cuatro, siete y ocho años.
Alberto y su mujer fueron un eslabón más en el intento de ETA por aniquilar al partido que gobernaba España desde marzo de 1996. El PP. El Gobierno del presidente Aznar desplegaba una política antiterrorista, inspirada y dirigida por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, que tenía un doble objetivo: la derrota total de ETA, de todas sus estructuras, y la rehabilitación y dignificación pública de quienes hasta entonces habían sido las grandes olvidadas de los poderes públicos y de la propia sociedad: las víctimas del terrorismo.
Conviene recordar que antes de que llegara al poder, en marzo de 1996, ETA ya había atacado al PP, con una clara intención de desestabilizarlo. En enero de 1995 la banda terrorista asesinó en San Sebastián al presidente de PP de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, y tres meses más tarde a punto estuvo de acabar con la vida del entonces líder de la oposición, y presidente nacional del PP, José María Aznar. Tampoco dejó ETA en aquellos meses de golpear al PSOE: el 6 de febrero de 1996 asesinó en pleno centro de San Sebastián a Fernando Múgica Herzog; y ocho días más tarde, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, al expresidente del Tribunal Constitucional –y amigo personal de Felipe González– Francisco Tomás y Valiente.
Provocar el pánico y una rebelión en el PP
Pero es a partir de su llegada al Gobierno de España cuando la banda terrorista decide cebarse con el PP, a fin de doblegarle y, si le fuera posible, aniquilarle, como hizo a finales de los 70 y comienzo de los 80 con la UCD vasca y con Alianza Popular. ETA decidió dar un salto cualitativo –la "socialización del sufrimiento", lo llamaron ellos– al decidir matar a políticos y cargos públicos tanto del PP como del PSOE.
Miguel Ángel Blanco fue la primera víctima de esta ofensiva de ETA con el PP ya en el Gobierno de España. Es verdad que el asesinato del joven concejal de Ermua, el 12 de julio de 1997, tuvo mucho de venganza por la liberación, doce días antes y gracias a la Guardia Civil –la misma a la que ahora, según el líder de Sortu, hay que dar "jaque mate"–, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pero es que el 11 de diciembre de ese mismo 1997 ETA asesinó en Irún al concejal popular José Luis Caso, y el 9 de enero de 1998 a José Ignacio Iruretagoyena, edil del PP en Zarauz.
Es en esta ofensiva terrorista contra el PP que la dirección de ETA desplaza un comando a Andalucía que el 30 de enero asesinará a Alberto Jiménez Becerril y a su mujer, tras considerar que tenía que matar populares también fuera del País Vasco, con el objetivo de obtener un mayor impacto y, de paso, que se extendiera el miedo entre los cargos del PP de toda España. Se trataba, en suma, de que los miles de concejales que el PP tenía por todo el territorio nacional se rebelaran y se plantaran ante su Gobierno, de que le pidieran que negociara con la banda terrorista para no tener que soportar esa situación de amenaza continua. Pero no sucedió eso. Los cargos públicos populares, al igual que los del PSOE, aguantaron el tirón y el Gobierno de Aznar siguió con su política antiterrorista, basada en la eficacia policial y en el desmantelamiento de todo el entramado social que apoyaba a ETA.
Al asesinato de Alberto y de Ascen en Sevilla siguieron el de otros cargos del PP y de UPN, su partido hermano en Navarra: Tomás Caballero (concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona) fue asesinado el 6 de mayo de 1998; Manuel Zamarreño (concejal del PP en Rentería), el 25 de junio de 1998; Jesús María Pedrosa (concejal del PP en Durango), el 4 de junio de 2000; José María Martín Carpena (concejal del PP en Málaga), el 15 de julio de 2000; Manuel Indiano (concejal del PP en Zumárraga), el 29 de agosto de 2000; José Luis Ruiz Casado (concejal del PP en Sant Adrià de Besos), el 21 de setiembre de 2000; Francisco Cano Consuegra (concejal del PP en Viladecavalls) el 14 de diciembre de 2000; Manuel Giménez Abad (presidente del PP en Aragón), el 6 de mayo de 2001, y José Javier Múgica (concejal de UPN en Leiza), el 14 de julio de 2001.
A la vista de estos terribles hechos, pero también de la resistencia heroica que entonces mostraron el PP y el Gobierno ante el desafío planteado por ETA, cuesta más entender cómo unos años después –concretamente a raíz de perder las elecciones generales de 2008 contra Zapatero– el actual presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, decidiera por la vía de los hechos renunciar a ese brillante pasado de las gentes de su partido, de la eficaz política antiterrorista de aquel Gobierno del que formó parte, de la defensa de las víctimas del terrorismo, y prefirió continuar, más por omisión que por acción, con el proceso que Zapatero puso en marcha con ETA.
El PNV negoció con ETA
Ahora que algunos responsables políticos –empezando por el peor ministro de Interior que ha tenido España desde la Transición, el amigo de Rajoy, Jorge Fernández Díaz–, apelan desde una profunda ignorancia de nuestra reciente historia, a elaborar el verdadero "relato" de lo sucedido con ETA, quiero subrayar dos circunstancias importantes en esas fechas previas al asesinato de Alberto y Ascen.
La primera es que en diciembre de 1997 la Comunidad de San Egidio –una organización religiosa que ha mediado en la resolución de conflictos– pidió ser recibida por el ministro de Interior. El encuentro tuvo lugar en la propia sede de Ministerio pasada la festividad de Reyes, y en el mismo la citada organización trasladó al ministro un mensaje de ETA en el que la banda mostraba su disposición a entablar una negociación con el Gobierno. La respuesta de Mayor Oreja a sus interlocutores fue tajante y directa: ¿cómo pueden ustedes hacer de correveidiles de un grupo terrorista cuando están matando a cargos públicos del PP y a otros ciudadanos españoles? Ahí acabó la reunión.
Pero quedó claro que era ETA quien quería un acercamiento al Gobierno, y que ese acercamiento lo hacía de la manera que ellos entendían más eficaz para sus intereses: poniendo muertos encima de la mesa. También quedó claro que el Ejecutivo de Aznar, a diferencia de lo que habían sido los últimos años de los Gobiernos de González o lo que luego fueron los de Zapatero, no quería ni buscaba "tomas de temperatura", ni "mediadores" ni "pacificadores", ni nada que no fuera la persecución policial de los terroristas y la aplicación de todo el peso de la ley a quienes fueran detenidos.
La segunda circunstancia que quiero subrayar es que, como luego se supo, en esas fechas del atentado de Albero y Ascen el PNV y Eusko Alkartasuna ya estaban en negociaciones con ETA, de las que meses más tarde, setiembre de 1998, derivó el conocido como Pacto de Estella, antesala de la tregua trampa que la banda terrorista declaró por entonces y que se prolongó hasta diciembre de 1999. Conviene recordar esto para tener muy presente que, mientras ETA intentaba aniquilar al partido que gobernaba en España, el PNV –asustado por la marea social que se produjo a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, plasmada en el "espíritu de Ermua"– buscó el acuerdo con los terroristas para, entre otras cosas, excluir a los partidos "españolistas", según su jerga, es decir al PP y el PSOE, de las instituciones vascas.
En ese "relato" al que antes hacía referencia debería quedar bien claro que el PNV –de cuyas juventudes nació ETA en 1959– no ha apoyado nunca –reitero, nunca– ninguna medida que desde la legalidad, desde el Estado de Derecho, se han ido tomando en estos años para acabar con la banda terrorista. Eso deberá pesar siempre como un baldón en la historia del partido fundado por el iluminado de Sabino Arana.
La nauseabunda carta de De Juana
No quiero dejar de mencionar otra tercera circunstancia, que en este caso se produjo con los cadáveres de Alberto y Ascen recién enterrados: lo que escribió desde la cárcel el etarra Iñaki de Juana Chaos al conocer el atentado:
En la cárcel, sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia (…) Me estoy tragando todas las noticias de la ekintza [atentado] de Sevilla. Me encanta ver las caras desencajadas que tienen (…) Con esta ekintza ya he comido yo para todo el mes. ¡Perfecta! Ahora están empezando a recoger el sufrimiento que desde hace décadas vienen repartiendo entre los presos, y eso que todavía seguimos siendo monjitas de la caridad.
Este es el individuo al que el Gobierno de Zapatero puso en libertad tras una ficticia huelga de hambre y que ahora vive tan ricamente en Venezuela, sin que el Ejecutivo de Rajoy haya hecho nada para conseguir su detención y expulsión, mientras que los tres hijos de Alberto y Ascen lloran cada día la ausencia de sus padres. Esa es la infinita diferencia que hay entre la miseria de un terrorista y la grandeza moral de las víctimas.
Quiero destacar la fortaleza moral que han demostrado en estos años dos personas a las que he tenido la ocasión de conocer y tratar personalmente: Teresa Barrio, la madre de Alberto, y la hermana de éste, Teresa Jiménez Becerril. No conozco a una sola madre que desee sobrevivir a sus hijos. Para una madre, lo más doloroso es ver en vida la muerte de uno de sus vástagos. Si además la muerte se produce como consecuencia de un ataque terrorista, el sufrimiento y el dolor se multiplican hasta el infinito. Puedo afirmar que siempre he visto en la madre de Alberto un gesto de serenidad, de paz, de bondad, que dice mucho de su categoría y altura moral.
En cuanto a Teresa Jiménez Becerril, actual eurodiputada del PP, la palabra que en mi opinión mejor la define es luchadora. Teresa nunca se ha resignado ni se ha doblegado ante los terroristas. Siempre ha hablado y escrito lo que piensa con una claridad meridiana. Estoy seguro de que no habrá compartido muchas de las cosas que el Gobierno de Rajoy ha hecho o ha dejado de hacer en materia de política antiterrorista, y que eso le habrá causado momentos de zozobra. Pero Teresa –a diferencia, por ejemplo, de Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, cuyo papel es tristemente cada día más patético– nunca ha sometido su pensamiento, su criterio, a la disciplina de partido. Su labor en el Parlamento Europeo en favor de las víctimas del terrorismo ha sido y sigue siendo muy importante. Junto a Maite Pagazaurtundua, eurodiputada por UPyD, son las dos voces que las víctimas del terrorismo españolas tienen en Bruselas.
Que este nuevo aniversario del asesinato de Alberto y Ascen sirva para que todos los españoles de bien volvamos a dar lo mejor de nosotros mismos y nos reafirmemos en nuestra voluntad de no olvidarnos jamás de quienes han demostrado con creces ser lo mejor de nuestra sociedad. Las víctimas lo han dado todo, hasta su vida, por España y por nuestra libertad. Y además lo han hecho renunciando a la venganza y al odio. A pesar de que los Zapatero, Rubalcaba, Rajoy o Fernandez Díaz de turno quieran, con sus políticas y con sus hechos, cambiarnos el rumbo, nosotros a lo nuestro: Memoria, Dignidad y Justicia.
Descansen en paz Alberto, Ascensión y todas y cada una de las víctimas del terrorismo.