España es un país de movimientos pendulares y, en consecuencia, hemos pasado de que aquí no dimitiese ni el Tato a que tenga que dimitir todo el mundo. Ayunos de un discurso mucho más complejo y no sin parte de razón, los nuevos partidos han convertido la lucha contra la corrupción en su leitmotiv y ahora tienes que irte a casa sólo por aparecer en un disparatado informe redactado por un cabo de la UCO, por poner un ejemplo.
La exigencia de que un responsable público dimita sólo por estar imputado –investigado, según la última reforma– es un disparate antijurídico y antipolítico, por mucho que sea carnaza de la buena para los medios que dan a la política el mismo tratamiento informativo que a las islas llenas de famosos famélicos.
Un disparate que ya se convierte en un verdadero horror si además eliminamos el aforamiento, ese derecho –privilegio, si quieren– sin el que la política puede convertirse en una auténtica selva de imputaciones por encargo que lleven acarreadas, por tanto, sus respectivas dimisiones prefabricadas.
Así, en unas circunstancias normales yo defendería que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, dos concejales que me parecen de lo peorcito que se puede encontrar en la ya de por sí pobre clase política española, no sólo tienen derecho a no dimitir, sino que prácticamente están en el deber de aguantar y recordarnos qué es la Justicia y qué es la presunción de inocencia. En unas circunstancias normales yo mismo les animaría a no plegarse a la lapidación pública que se le hace a todo bicho viviente que tenga la desgracia de aparecer por un juzgado.
Pero las españolas no son, ay, circunstancias normales, entre otras razones por perros de presa como Sánchez Mato y Mayer, siempre en cabeza del pelotón de linchamiento cuando la presunción de culpabilidad, la única que prevé nuestro actual sistema político-periodístico-judicial, alcanza a otros.
Siendo como son destacados discípulos del coronel Lynch, uno pensaba que ni siquiera la faz granítica de los dos concejales comunistas sería capaz de aguantar tanta hipocresía como para no tomar en ellos mismos la justicia divina que tan insistentemente reclamaban para otros. Sin embargo, oh sorpresa, lo que vale para todos los demás no vale para esta exquisita gauche divine, depósito de todas las excelencias éticas. Lo que sí ensucia a la derecha resulta que pasa por la extrema izquierda sin dejar mácula.
La excusa, alguna tenían que inventar, es que los concejales investigados estaban "persiguiendo la corrupción". Nos lo explican profusamente en Twitter todas las cuentas podemitas e izquierdaunitas, como si la buena intención disculpase los delitos, como si el fin justificase los medios; como si la Justicia, en suma, fuese una para ellos, los puros, y otra para todos los demás.
No, tras este espectáculo Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer deben dimitir, pero no por estar imputados sino por hipócritas, por mentirosos y, sobre todo, por estar demostrando que están dispuestos a saltarse a la torera el Código Penal cuando les parece. Deben dimitir porque, en suma, la gente que cree que en democracia un político, un juez o un policía tienen derecho a infringir la ley ha de estar fuera de las instituciones… Al menos si queremos que siga siendo una democracia.