Esperanza Aguirre ha hecho algo prácticamente inédito en nuestro país: dimitir de un cargo público sin estar, no ya condenada, sino tan siquiera imputada –investigada es la fórmula legal actualmente– en un caso de corrupción. Y ha hecho bien: su responsabilidad política era evidente y de política es de lo que estamos hablando, porque los asuntos penales donde se dirimen es en los juzgados y las condenas son cosa de jueces.
La propia Aguirre lo explicó en su brevísima intervención del lunes: "No vigilé más", dijo, cuando –ahora lo sabemos– tanto había que vigilar. Por otro lado, la manifiesta impericia de la expresidenta de Madrid a la hora de elegir a varios de sus colaboradores más cercanos es también un motivo más que suficiente para dar por terminada una carrera que algunos, y no precisamente por desearle ningún mal a Aguirre, creemos que debió haber terminado unos años atrás.
Este triste final es la losa que tapa un periodo político que hasta ahora parecía tener más luces que sombras pero que ya se ve oscurecido por algo más que la sombra de la corrupción. Qué tendrá más peso cuando el balance se haga dentro de unos años, pasada la urgencia política y el fervor periodístico, es algo que está por ver, aunque la forma en la que algunos se creen con el derecho y la capacidad de marcar la memoria –la histórica y hay días que parece que también la otra– no nos hace ser muy optimistas.
No obstante, hay cosas que por mucho que se nieguen e incluso por mucho que se llenen de mierda no dejarán de ser ciertas: que Madrid es una comunidad próspera, que en ella se pagan bastantes menos impuestos que en casi todas las demás, que los madrileños podemos elegir médico en una Sanidad que funciona razonablemente bien, que también decidimos a qué colegio bilingüe van nuestros hijos…
Madrid ha sido –y es– un oasis de libertad y prosperidad en una España en la que tales cosas no abundan; una ciudad y una comunidad en las que puedes comprar cualquier cosa casi cualquier día, en las que a nadie se le preguntan sus ideas o su procedencia, en las que se hablan mil idiomas y se rotula como a cada cual le sale de sus partes. Algunas de estas cosas son inherentes al carácter de los madrileños, pero otras tienen en Aguirre a su máximo responsable, o al menos a uno de los culpables.
La corrupción es una lacra execrable que hay que combatir –soy de los que creen que es imposible erradicarla por completo– y los corruptos deben pagar por sus delitos sin excepción –repito: sin excepción–, pero ni ha sido la principal causa de los problemas económicos de España ni es el "cáncer de la democracia", como decía Carmena: el cáncer de la democracia son los que quieren acabar con ella.
Y, por supuesto, por mucho que los ferreras y los escolares se empeñen en lo contrario, más liberalismo, más mercado, menos impuestos y menos Estado no son el camino a una mayor corrupción sino, justo al revés, la forma de reducir el pastel y, por tanto, los que comen ilegítimamente de él.