Contrasta la actitud de los Grupos de Limpieza, surgidos espontáneamente de la ciudadanía con el fin de limpiar de lazos amarillos los edificios y los espacios públicos de Cataluña, con la pasividad del Gobierno del 155. Los primeros se la juegan, salen de noche, a veces de día, se mojan, pasan frío, aguantan insultos y agresiones, evitan enfrentamientos y organizan su propia seguridad. El segundo se inhibe y permite que los edificios públicos de Cataluña, bajo su responsabilidad desde la aplicación del 155, mantengan en sus fachadas inmensos lazos amarillos y peticiones de excarcelación de sus políticos presos.
Hace muchos años que el Estado no está presente en Cataluña. Teóricamente, el 155 lo debería haber restaurado. En el terreno de la simbología, ni está ni se le espera. Tampoco se nota, a pesar de la gestión de la Administración por parte del Gobierno. Uno de tantos ejemplos donde se visualiza su ausencia o, si quieren, la presencia insultante del nacionalismo independentista es en la apropiación de los edificios institucionales para plasmar su propaganda. En la mayoría de los casos, costeado con dinero público. ¿Cómo es posible que se permita la utilización partidista de las instituciones sin que el Gobierno de la nación, responsable hoy de ellas, se inhiba? ¿Se imaginan que colgaran de las instituciones de la Comunidad de Madrid propaganda en defensa del PP, o de presuntos corruptos como Bárcenas, González y Granados?
Quien quiera colgar el lazo amarillo, que lo haga en su balcón o lo pinte en su coche, pero los Gobiernos municipales y el Gobierno de la Generalidad han de impedir, y en su caso multar, a quienes pinten la vía pública o cuelguen sus desplantes a la ley en los edificios de todos.
Ya que no en la limpieza, tiene el Gobierno la oportunidad de salir de la ambigüedad calculada con el nacionalismo lingüístico. Dentro de pocos días se abrirá el plazo para presentar las instancias de inscripción escolar. Durante más de dos décadas se ha venido pidiendo que consten en esas instancias las casillas de opción lingüística para que los padres puedan elegir el idioma en que desean que sus hijos estudien. Hoy la maldita inmersión lingüística roba a los padres hispanohablantes el derecho a que sus hijos puedan estudiar en la lengua de su elección. A pesar de que todos los tribunales de justicia, el TSJC, el TS y el TC, han reconocido tal derecho a los padres desde la sentencia 337/1994 del TC donde se determina que ni el catalán ni el castellano podrán ser lenguas exclusivas o excluyentes, y las posteriores sentencias del TC y TSJC fijan porcentajes mínimos de un 25% de castellano.
Por si el saqueo de derechos lingüísticos no fuera bastante, la propaganda nacionalista habla de que la inmersión es un modelo de éxito en Cataluña. Parte de dos mentiras: ni es de éxito (los alumnos de lengua materna hispana fracasan el doble que los de lengua catalana), ni es general, pues en realidad la inmersión solo se aplica a la población hispanohablante. Ni un solo niño o niña catalanohablante sufre la inmersión porque todos estudian en su lengua materna.
Bien, ahora tendrá el ministro de Educación, Méndez Vigo, la oportunidad de aplicar las sentencias de los jueces para que aparezcan en las instancias de inscripción de principio de curso las casillas de opción lingüística.
El sindicato de enseñanza AMES le ha enviado una petición para que incluya la casilla de opción lingüística, ahora que está en vigor el 155. Apoyan la petición Tolerancia, APB, AEB, IC, dCIDE, y se ha iniciado una recogida de firmas en change.org.
PS. El 25 de febrero, manifestación a favor de Tabarnia en Barcelona. Vea la diferencia entre la Cataluña del procés y la España de Tabarnia. La broma va tomando forma. Vuelve la alegría.